¿De qué se Trata?

El Proyecto tiene como antecedente la experiencia del proyecto “Auditoria Social al Sistema de Justicia”, iniciativa que la Comisión Andina de Juristas (CAJ) ha implementado en el Perú y proyectado a otros países de la Región Andina desde el año 2005, cuya finalidad es optimizar el servicio de justicia a través de mecanismos de participación ciudadana que promuevan la transparencia y el acceso a la información pública judicial.

Desde el año 2007, en colaboración con las principales universidades en ocho distritos judiciales peruanos, el Proyecto permitió que los estudiantes de Derecho, puedan participar en un programa de voluntariado que logró demostrar la posibilidad de implementar prácticas destinadas a promover la predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales, por medio de su publicación, vía Internet, los que fueron entregados de manera y voluntaria e individual por los jueces y juezas de las diversos niveles funcionales del Órgano Judicial.

Dado el éxito del Proyecto original, que logró dos premios nacionales (Buenas Prácticas Gubernamentales 2007 y Creatividad Empresarial 2007) y el reconocimiento internacional de la financiera (NED) como mejor proyecto para América Latina y el Caribe 2006, y Top 20 “Buenas Prácticas de Jóvenes de Bolivia, Honduras, Nicaragua y Perú”, otorgado por el Banco Mundial, 2008, actualmente, gracias a la Unión Europea (Contrato EIDHR/2012/297-064), se ha logrado un nuevo financiamiento para dar sostenibilidad y proyectar sus actividades, tanto en el Perú como en cuatro países de la región: Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile, bajo la denominación: “Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la región andina: auditoria social y transparencia”.

 
 
 Revise el Resumen Ejecutivo del Proyecto.

 

 

Objetivos

  • Fortalecer el acceso ciudadano a la información pública emitida por las juezas y los jueces, mediante el desarrollo sostenible de mecanismos de publicidad temática de decisiones judiciales que favorezcan la protección de la independencia judicial y la transparencia.
  • Promover el derecho de acceso a la justicia y la garantía de independencia judicial a mujeres, niñas, niños y población LGTBI; a través de la creación de sistemas de transparencia – auditoría social – que incidan en la predictibilidad, el mejor relacionamiento con medios de comunicación y el control de la corrupción en la Judicatura.
  • Demostrar que desde la sociedad civil es posible promover la independencia judicial y transparencia a partir de la integración de estudiantes universitarios en iniciativas de voluntariado destinadas a hacer eficaz el principio de publicidad de las decisiones jurisdiccionales.
  • Promover un cambio en la cultura del abogado litigante para que desarrolle estrategias de “litigación predecible” a partir de la jurisprudencia individual de las juezas y jueces participantes.
  • Promover un cambio en la cultura del comunicador social para que desarrolle un periodismo que esté en capacidad de brindar información judicial calificada (es decir, completa, correcta, actualizada, precisa, imparcial, oportuna y veraz).