“Los derechos humanos de las mujeres indígenas NASA… Un camino incierto”

 

Luz Mery López A. y William A. Rodríguez Q. – Foto: agendapropia.com

Se ha publicado (de manera preliminar) los resultados de la investigación “Los derechos humanos de las mujeres indígenas NASA… Un camino incierto”, propuesta ganadora en Colombia del Concurso regional para periodistas “Valorando la justicia: investigaciones periodísticas sobre transparencia judicial”, realizado en el marco del proyecto ‪#‎ASSJ‬. El equipo está conformado por Luz Mery López Ayala y William Alfredo Rodríguez Quinayás, comunicadores sociales egresados de la Universidad del Cauca.

La propuesta busca visibilizar y denunciar la falta de coordinación de la justicia ordinaria estatal con la justicia indígena, en referencia a  la defensa y protección de los derechos de las mujeres indígenas NASA (comunidad que habita el nororiente del departamento del Cauca). Evidenciando que las comunidades y la justicia ordinaria no han tomado los correctivos necesarios  para prevenir, sancionar y erradicar las diversas formas de violencia ejercida contra ellas.

A continuación presentamos los párrafos iniciales, el texto completo lo pueden revisar en: http://www.filautrope.ch/nasa/index.html#content11

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Preámbulo

 

Esta investigación se desarrolló en el departamento del Cauca, ubicado al sur occidente de Colombia, en él se asientan nueve pueblos originarios, entre ellos la comunidad indígena Nasa a la que se hará referencia.

 

Introducción

 

Colombia, después de haber sido regida 105 años por la Constitución de Núñez, cambió su Constitución en el año 1991 incluyendo como una de sus grandes reformas el reconocimiento a la diversidad étnica existente en el país.

En el Art 1 se definió que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, y se explicita en el Art 7 “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; a su vez, en el Art 246 de la Constitución se estableció “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”

Lo anterior plantea que las comunidades indígenas también pueden perseguir, investigar y ejecutar penas dentro de sus territorios. Los interrogantes son ¿Qué se entiende por justicia?, ¿Qué es acceso a la justicia desde la cosmovisión Nasa y por supuesto desde la mirada occidental?

Frente a estos interrogantes ha venido existiendo una tensión entre lo legal y lo legítimo, partiendo del hecho de que la justicia ordinaria es una cultura escrita y la justicia propia parte de la oralidad; por lo tanto restarle validez a la justicia propia sería desconocer la lucha por la autonomía y el ejercicio propio de su gobierno, algo que la Corte Constitucional ha dicho y es “el máximo de autonomía posible y la minimización de las restricciones”, esto no significa que quienes representen al Estado deban omitir su responsabilidad como funcionarios garantes del cumplimiento de la normatividad, asumiendo una actitud de indiferencia frente a las diversas situaciones que se presentan en las comunidades indígenas, sin embargo, esto no es justificación para irrespetar y desconocer las diversas formas de impartir justicia desde las comunidades indígenas.

Cabe resaltar que tanto para la jurisdicción especial indígena como para la justicia ordinaria, se perciben diferentes finalidades con respecto al valor con el que cada una dota su justicia:

Para la jurisdicción especial indígena se entiende por justicia el restablecimiento de la armonía y el equilibrio del sujeto frente al entorno y a la colectividad de la cual hace parte, lo que indica que es una justicia de tipo restaurativo; mientras que para el sistema judicial nacional la justicia es la facultad que tiene el Estado para regular las conductas de la población que son socialmente incorrectas, a diferencia de la jurisdicción indígena, es de tipo punitivo o sea que castiga.

Por otro lado, el acceso a la justicia desde el sistema judicial nacional es entendido como la posibilidad de todas las personas residentes en Colombia de acudir en condiciones de igualdad sin restricciones de género, nacionalidad o casta para propugnar por la integridad del orden jurídico y el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos con sujeción a los procedimientos establecidos. Sin embargo para la jurisdicción indígena se infiere que acceso a la justicia es poner en conocimiento a las autoridades tradicionales la situación que está generando desequilibrio dentro de su entorno.

A partir de estas concepciones se mostrará cómo han venido operando el sistema judicial ordinario y la jurisdicción especial indígena Nasa.

El artículo 246 de la carta política plantea el establecimiento de formas de coordinación entre los dos sistemas jurisdiccionales con el objetivo de brindar apoyo a la jurisdicción indígena. Al formular este artículo en la constitución de 1991 se sabía que los pueblos indígenas no contaban con los medios para investigar, perseguir y ejecutar penas. Ya que la cooperación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena se ha limitado únicamente a la prestación de los centros penitenciarios para recluir a victimarios indígenas omitiendo el deber como autoridad de ponerse al servicio de los pueblos indígenas, posibilitando el apoyo técnico y probatorio para la resolución de los diversos procesos llevados a cabo en territorios indígenas.

Las razones dadas para no brindar dicha asistencia se resumen de la siguiente manera: no tener condiciones de seguridad, sobrecarga de trabajo, no poseer recursos técnicos para llegar al sitio (no hay vehículo, no hay combustible) y finalmente la falta de una orden judicial que es la principal excusa para evitar el acompañamiento. Lo expuesto anteriormente no puede ser pretexto para desconocer las obligaciones como funcionarios y desconocer la relevancia de las autoridades indígenas, quienes por su parte han mostrado interés en poner a disposición de la justicia ordinaria la guardia indígena para el acceso seguro a los territorios.

Ante estas actitudes de no cooperación se ha suscitado una tensión entre los dos sistemas en donde no hay mutuo respeto y no se ven como pares sino que se presenta una relación vertical en la que ninguno de los dos quiere estar sujeto al otro, por lo tanto esta situación es un inconveniente para hacer efectiva una articulación.

 
 

Los y las invitamos a leer el texto completo en: http://www.filautrope.ch/nasa/index.html#content11

 
 
 
 

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