Reflexiones sobre el verdadero compromiso de los jueces con la justicia social

 

Ab. Rafael Luis Centeno Rodríguez. Juez de lo Civil de Guayaquil (Ecuador)

 

En el Ecuador  actualmente vivimos un estado más o menos globalizado, dónde la naturaleza ha sido utilizada como baluarte de guerra de un poder que se refuerza en la diferencia y la inequidad; el propio término “normal” lo llevamos arraigado en nuestras mentes como el prototipo de lo que es, sin evaluar siquiera su realidad: es común que los jueces sean corruptos, es natural y normal que la justicia tenga costo, es natural que un juicio sea largo y complicado; y, es normal que un juicio se resuelva en virtud de la amistad y los favores.  Los propios sistemas políticos manejan discursos progresistas, que deberían tener como destino la eficacia jurídica de la justicia, pero cuando se enfrentan a los costos económicos y socioculturales que demandan la ejecución de sus propuestas, esos mismos actores políticos se decantan por volver inviables aquellas pretensiones que se manifestaban en los discursos y papeles.

Y es que no existen Derechos Humanos enlistados en Declaraciones y Convenios, en compilaciones de normas o en discursos partidistas, lo Humano se manifiesta en la capacidad de la persona de tener Derechos: reales, accesibles, justiciables y exigibles. Es imposible negar que en las últimas décadas se ha empezado un verdadero cambio de paradigmas en el acceso a la justicia, desde el lenguaje en el que se dictan las Sentencias, haciéndolo comprensible para las personas comunes, el aumento de jueces, los sistemas alternativos de resolución de conflictos; hasta llegar en la actualidad a entender que incluso los espacios físicos determinan la forma en que se percibe la justicia, que los medios electrónicos llevan la publicidad de los actos judiciales a niveles masivos e inmediatos, que permiten que sea la sociedad entera la que juzgue el actuar de los jueces; pasando por el concepto de la gratuidad como base de un acceso irrestricto a la satisfacción real de las pretensiones legales de las partes; y, terminando en un acápite especial sobre el reconocimiento que se ha hecho de justicias distintas a la “natural o normal” occidental, hecho sin parangón que reivindica la inteligencia cultural que se esconde detrás de la palabra justicia.

En este Estado, los jueces podemos asumir varias posturas; o, somos adalides de la contracorriente y permitimos que lo abyecto y ajeno al poder encuentre en nuestros despachos una justicia pronta y eficaz; o, nos volvemos guardianes del hegemónico y repetimos en cada uno de nuestros actos, el marco conceptual que se nos ha impuesto desde el pasado. El camino se ha definido, somos los gestores humanos quienes debemos actuar con coherencia, prestando atención a las “minorías” (otra palabra relacionada a lo natural que no tiene asidero real) que claman por ser escuchadas y atendidas con prontitud, que se pierden y asustan al escuchar terminología legal y procesal, víctimas de la necesaria profesionalización del Derecho; pero al mismo tiempo, otorgando la razón a aquel que ha adquirido un legítimo derecho y se ha acercado a exigirlo, no permitiendo que se utilice el sistema procesal como barrera infranqueable de los intereses de la contraparte, pues muchas veces, estos actos determinan la calidad de un buen abogado y no su compromiso con una Justicia que debería ser en todos los casos, plena, inmediata y eficaz.

Finalmente, los Jueces somos una Autoridad que determina Derechos, nombrados por Concursos de Méritos, pero su cargo se democratiza, es decir, adquiere validez social, cuando la opinión pública puede sopesar sus actos y resoluciones. La Sentencia por sí misma, no cierra ni termina un litigio, muchas veces, es el inicio de etapas procesales más conflictivas; es el universo de actuaciones intraprocesales y extraprocesales de los Jueces, lo que determina si actúan como un operador de justicia independiente, conocedor del Derecho, pero sobre todo, comprometido con las personas y su calidad de Humanos Integrales con Derechos Reales; o por el contrario, actúan motivados por las prácticas “naturales” que vuelven inaccesible e inoperante cualquier sistema jurídico para aquel que no tenga los recursos económicos, sociales o políticos para activar e impulsar la apreciada justicia.

 
 
 
 

«Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de las organizaciones socias del Proyecto (Comisión Andina de Juristas, Fundación CONSTRUIR, Centro sobre Derecho y Sociedad – CIDES, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA y la Facultad de Derecho – Universidad de Chile), y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.»