Estándares jurisprudenciales, principios y directrices supra-estatales vinculados a derechos colectivos y difusos a ser aplicados en el Estado Plurinacional de Bolivia

 

María Elena Attard Bellido[1]

 
 

1.       Contextualización del trabajo

 

El objetivo del presente trabajo, es desarrollar de una manera sistémica, los estándares jurisprudenciales, principios y directrices referentes a derechos colectivos y difusos, generados en el ámbito supra-estatal y en particular por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH; para lo cual, la argumentación jurídica a ser desarrollada, diferenciará las categorías de Derechos Fundamentales reconocidas por el actual contexto constitucional y a partir de la concepción del Bloque de Constitucionalidad, sustentará la aplicación vinculante de dichos estándares en el ámbito jurisdiccional interno. En el contexto antes señalado, se precisarán los estándares jurisprudenciales emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referentes a la interpretación evolutiva de derechos colectivos; las directrices principistas emanadas del Sistema Universal e Interamericano de Protección Derechos Humanos destinadas a garantizar una tutela efectiva para el resguardo de derechos colectivos y difusos; y los estándares jurisprudenciales emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referentes a la doctrina de la “reparación integral de daños” para su aplicación en vulneraciones a derechos colectivos y difusos.

 

2.        Notas esenciales en cuanto a los derechos individuales, colectivos y difusos

 

En un contexto contemporáneo, la Teoría de los Derechos Humanos en el ámbito internacional, aportó el desarrollo de los derechos colectivos, como derechos con naturaleza jurídica y mecanismos de justiciabilidad diferentes a los tradicionales derechos individuales o subjetivos.

De acuerdo a lo señalado, es imperante precisar la tipología de los derechos en el marco del paradigma del Estado Constitucional de Derecho, a cuyo efecto, se seguirá la clasificación propuesta por Lorenzetti, quien invocando una tridimensionalidad de los mismos, desarrolla los alcances de los derechos individuales; individuales homogéneos y colectivos[2].

En el orden de ideas expresado, cabe afirmar que existen rasgos distintivos esenciales entre los derechos individuales, los individuales homogéneos y los colectivos, así, la primera categoría de derechos, implica un uso, goce y disposición de los mismos de manera personal y directa[3]; por el contrario, los derechos individuales homogéneos, están caracterizados por contemplar derechos subjetivos individuales de carácter divisible atribuibles a una categoría o grupo de personas que en caso de ser afectados, al generarse una homogeneidad fáctica o normativa, por razones de tutela judicial efectiva y para un igual y eficaz goce de derechos, merecen tutela unificada con efectos expansivos de la cosa juzgada[4]; por su parte, los derechos colectivos, implican un uso y goce compartido y en igualdad de condiciones, denotando un carácter no distributivo entre sus miembros, aspectos que además repercuten en la imposibilidad de disposición individual de los mismos.

A su vez, los derechos colectivos, se dividen en derechos colectivos propiamente tales y derechos difusos, los primeros, de naturaleza indivisible como ya se dijo, pertenecen a colectivos identificables, como por ejemplo los derechos de los pueblos indígenas; por el contrario,  en los derechos difusos, también de naturaleza indivisible, los titulares o destinatarios de estos no son determinables o fácilmente identificables[5].

La categoría de derechos antes desarrolladas, conlleva la vigencia de mecanismos de justiciabilidad diferenciados, así, en el ámbito constitucional, se tiene la tutela subjetiva de derechos, destinada al resguardo de derechos individuales, por ejemplo a través de la acción de amparo constitucional; asimismo, se tiene la tutela objetiva de derechos, para el resguardo de los llamados derechos individuales homogéneos; y finalmente la tutela colectiva de derechos para los derechos colectivos o difusos, que en el caso boliviano está configurada por la acción popular[6]. Asimismo, en el ámbito jurisdiccional extra-constitucional, la justiciabilidad de estos derechos enmarcan la problemática  a la llamada “tutela jurisdiccional diferenciada”, la cual deberá ser considerada por el ámbito jurisdiccional agroambiental de conformidad con los estándares y parámetros supra-estatales vigentes y que serán abordados en el presente trabajo.

 

3.            El Bloque de Constitucionalidad boliviano y la integración de estándares internacionales referentes a Derechos Fundamentales

 

La vinculatoriedad de los estándares jurisprudenciales y de principios y directrices supra-estatales en el Estado Plurinacional de Bolivia, inequívocamente debe ser desarrollada a partir de la concepción del Bloque de Constitucionalidad imperante.

En efecto, el año 2009, se refunda el Estado al abrigo de un modelo constitucional basado en el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, marcando así la era de la “generación del constitucionalismo boliviano” con rasgos y particularidades específicas que lo caracterizan y diferencian de los demás modelos constitucionales, especialmente de aquellos con raíces en el constitucionalismo europeo.

Así, la Constitución de 2009, consagra en el art. 109.I, los tres grandes principios de esta generación del constitucionalismo: a) La igualdad jerárquica de derechos fundamentales; b) la directa justiciabilidad de todos los derechos fundamentales; y c) la aplicación directa de Derechos Fundamentales.

La igualdad jerárquica de Derechos Fundamentales, postulada por el art. 109.I de la CPE, en armonía con el 13.III también de la norma suprema, supera la concepción del constitucionalismo con raíces europeas que desarrolla la teoría generacional de derechos[7] y consagra la igualdad de derechos y su directa justiciabilidad, por esta razón, en el actual diseño constitucional, todos los derechos, es decir los individuales, colectivos y difusos se encuentran en la parte dogmática de la Constitución y al ser idénticos en jerarquía tienen un mecanismo tutelar de justiciabilidad, por esta razón, el segundo principio del art. 109.I (directa justiciabilidad) se configura como la esencia dogmática de lo que debe denominarse la tutela subjetiva, la tutela objetiva y la tutela colectiva de derechos fundamentales, la primera materializada a través de las acciones de libertad, amparo constitucional y protección de privacidad; la segunda a través de la acción de cumplimiento; y la tercera a través de la acción popular. De la misma forma, el principio de directa aplicación de todos los derechos fundamentales, asegura una real materialización de los mismos, asignando a las autoridades jurisdiccionales, a través de la interpretación constitucional y la argumentación jurídica un rol ampliamente activista en la defensa y resguardo de derechos fundamentales.

En el escenario antes presentado, se debe establecer que los derechos individuales, colectivos y difusos se encuentran reconocidos por la Constitución vigente, pero dicho reconocimiento y vigencia, no puede limitarse únicamente al texto escrito de la Constitución, sino también, sus contenidos esenciales y alcances, tienen génesis en Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos y en directrices, principios y estándares jurisprudenciales que emanan de órganos supra-estatales de protección de derechos humanos, por lo que la materialización de estos derechos en el marco de una armonía tanto con el Sistema Universal como Interamericano de protección de Derechos Humanos, debe ser abordada desde la concepción del Bloque de Constitucionalidad Boliviano.

En este estado de cosas, debe precisarse la Teoría del Bloque de Constitucionalidad aplicable al Estado Plurinacional de Bolivia, la cual, de acuerdo a la Sentencia Constitucional 0110/2010-R, en una interpretación extensiva y evolutiva del art. 410 de la CPE, establece que el mismo, está conformado por la Constitución como texto escrito; los tratados internacionales referentes a derechos humanos incluidas las decisiones y directrices que emanen tanto del Sistema Universal como Interamericano de Protección de Derechos Humanos; los Acuerdos de Integración y los principios y valores supremos de carácter plural.

En el marco de lo señalado, inequívocamente los estándares jurisprudenciales emanados en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios y directrices rectores para la vigencia de derechos colectivos y difusos –que son los derechos contemplados en el presente trabajo-, forman parte del bloque de constitucionalidad boliviano y deben irradiar de contenido todo el ordenamiento infra-constitucional y guiar la labor jurisdiccional a partir de su directa aplicación.

En el marco de lo expuesto, el desarrollo teórico a ser expuesto, abarcará tres dimensiones específicas: a) Los estándares jurisprudenciales emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referentes a la interpretación evolutiva de derechos colectivos; b) los estándares jurisprudenciales emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referentes a la doctrina de la “reparación integral de daños”; y c) las directrices principistas emanadas del Sistema Universal e Interamericano de Protección Derechos Humanos destinadas a garantizar una tutela efectiva para el resguardo de derechos colectivos y difusos; aspectos que serán desarrollados en los siguientes acápites.

 

4.       Los estándares jurisprudenciales emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referentes a la interpretación evolutiva de derechos colectivos

 

En este acápite, se intentará sistematizar los estándares jurisprudenciales emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emergentes de la tutela de derechos colectivos, a cuyo efecto, de manera concreta se analizarán los precedentes plasmados en los casos de la Comunidad Mayagna (Sumo) de Awas Tingni vs. Nicaragua; Yakie Axa vs. Paraguay; Sawhoyamaxa vs. Paraguay; Moiwana vs. Surinam; Xamok Kásec vs. Paraguay; Saramaca Vs. Surinam y Sarayaku vs. Ecuador.

 

En el marco de lo señalado, debe precisarse que el primer gran estándar de la CIDH en esta temática, es el referente a la interpretación evolutiva del derecho a la propiedad privada. Este entendimiento fue plasmado en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) de Awas Tingni vs. Nicaragua, en el cual, la CIDH, interpretó el art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos que disciplina el derecho a la propiedad privada, a la luz de la pauta evolutiva, es decir de acuerdo a la evolución de los tiempos, de las condiciones de vida y en concordancia a la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, marco en el cual, como resultado hermenéutico, concluyó que la propiedad comunal también se encuentra dentro de la protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, protección que se extiende aún cuando las tierras no hayan sido específicamente tituladas o reconocidas por el Estado[8].

 

Otro estándar jurisprudencial esencial que emana del caso antes señalado, es aquel que establece la existencia de una especial relación que une a los pueblos indígenas con su territorio y que no se refiere meramente a la posesión o aprovechamiento material sino que es un elemento inmaterial y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.

Por su parte, en el caso de la comunidades Yakye Axa vs. Paraguay; la CIDH desarrolló otro importante estándar jurisprudencial, y merced al principio de efectividad y utilizando el método de la ponderación, concluyó que en aquellos supuestos en los cuales exista colisión entre la propiedad comunal y la propiedad privada, debe prevalecer el primer derecho, sin perjuicio de la indemnización que pueda corresponder al propietario de buena fe, prioridad que no siempre será absoluta y que deberá analizarse de acuerdo a cada caso concreto. Además, la CIDH señala que en los casos en los cuales los Estados estén imposibilitados “por razones concretas y justificadas” a devolver el territorio, los pueblos indígenas tienen derecho a la “elección y entrega de tierras alternativas, el pago de una justa indemnización o ambos”, supuestos en los cuales, los pueblos indígenas deben participar de la elección de tierras[9]. Asimismo, la CIDH en este caso, señaló que la restricción que se haga al derecho a la propiedad privada de particulares a favor de la propiedad comunitaria indígena debe ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista.

 

Además, en el caso  Sawhoyamaxa vs. Paraguay; la CIDH, sentó un gran estándar jurisprudencial, al señalar que las comunidades que perdieron sus tierras “por causas ajenas a su voluntad” no pierden completamente sus derechos sobre sus territorios tradicionales y que mantienen sus pretensiones válidas, incluso en los casos en que la propiedad pertenece a terceros. En base al criterio antes señalado, la CIDH, ha establecido además que en estos casos, estas comunidades tienen el derecho a recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad, por tanto, ha concluido señalando que la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas[10].

 

Por su parte, en el caso Xamok Kásec vs. Paraguay, la CIDH desarrolló otro estándar jurisprudencial, puesto que consolidó a la autodeterminación como principal criterio para determinar la condición de indígena, tanto en un plano individual o colectivo, en éste último caso, la Corte señaló que la identificación de cada comunidad indígena es un hecho histórico y social que hace parte de la autonomía y por tanto la Corte y el Estado deben limitarse a respetar las determinaciones que en este sentido presente la comunidad, es decir, la forma como ésta se autoidentifique.  

 

También es importante señalar que la CIDH, en el caso Sarayaku vs. Ecuador, estableció otro estándar jurisprudencial importante, ya que reconoció expresamente la tutela colectiva de derechos, precedente de gran trascendencia, ya que en los anteriores casos relativos a pueblos indígenas se declararon violaciones en perjuicio de los integrantes o miembros de éstos[11].

Finalmente, debe señalarse que otro estándar jurisprudencial importante en temas de derechos colectivos, es el desarrollado por la CIDH para el tema de la consulta previa, en este orden, en el caso Saramaca Vs. Surinam, se ha establecido que el derecho a la consulta es parte integrante del derecho a la propiedad de tierras ancestrales, además, la CIDH, ha establecido que en casos en los cuales se pretenda desarrollar “proyectos a gran escala” en territorios indígenas, debe consultarse previamente a éstos.

 

En este mismo caso, la CIDH, ha señalado que podrá limitarse el derecho a la propiedad de tierras ancestrales, siempre y cuando dicha restricción no implique una negación de su vida como pueblo tribal, para este efecto, deberán cumplirse con los siguientes requisitos: a) La participación efectiva de los pueblos, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo el plan de desarrollo, inversión o extracción; b) Que el pueblo afectado se beneficie razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio; y c) la realización previa de un impacto ambiental (parr. 133).

Además, el estándar jurisprudencial referente a la consulta previa, plasmado inicialmente en Saramaca Vs. Surinam, establece los casos en los cuales debe obtenerse el consentimiento de los pueblos indígenas, los cuales se plasman en tres supuestos: i) Traslado de los pueblos indígenas de las tierras que ocupan y su reubicación, de conformidad a lo señalado en los arts. 16.II del Convenio 169 y 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 2) Almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, de conformidad al art. 29 de la Declaración; y 3) Planes de Desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían impacto en el Pueblo Indígena.

 

Además, el estándar jurisprudencial desarrollado, integra la obligación de desarrollar la consulta de acuerdo a las instituciones y procedimientos de los Pueblos Indígenas, con carácter previo, de manera informada con una constante comunicación entre el pueblo indígena y el Estado y debe ser realizada de buena fe, así lo ha señalado en el caso Saramaca Vs. Surinam y lo ha confirmado en el caso Sarayaku vs. Ecuador.  

 

Finalmente, en el caso Sarayaku vs. Ecuador, la CIDH, señaló que es obligación del Estado consultar, por lo que la planificación y realización del proceso de consulta, no es un deber que pueda eludirse delegándolo en una empresa privada o en terceros, mucho menos en la empresa interesada en la explotación de los recursos en el territorio de la comunidad sujeto de la consulta[12].

 

5.       Las directrices principistas emanadas del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, destinadas a garantizar una tutela jurisdiccional efectiva para derechos colectivos y difusos

 

Como tercer eje argumentativo de este acápite, corresponde desarrollar las directrices principistas que a partir del SIDH servirán a la jurisdicción interna en su rol de interpretación de presupuestos procesales “Desde y conforme al Bloque de Constitucionalidad”, los cuales se pueden resumir en los siguientes:

i)                    Principio de favorabilidad

 

El Bloque de Constitucionalidad boliviano, que integra al parámetro de convencionalidad, consagra como una pauta de interpretación que emana del SIDH, el principio de favorabilidad, el cual tiene génesis en los arts. 13.1 (principio de progresividad), 13.IV y 256 de la CPE, disposiciones acordes con el art. 29.b de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra este principio, el cual, al formar parte del Bloque de Constitucionalidad boliviano, inequívocamente debe ser utilizado como parámetro interpretativo por la jurisdicción interna, por tanto, en cada problemática concreta, en caso de duda sobre la aplicación de cualquier presupuesto procesal o normativa vigente, deberá aplicarse siempre el criterio más extensivo y favorable a la eficacia de derechos individuales, colectivos o difusos.

ii)                  Principio pro actione

 

El principio pro actione, tiene génesis en el art. 29.b de la Convención Americana de Derechos Humanos y se configura como un criterio directriz inserto en el Bloque de Constitucionalidad boliviano; este principio, postula la prevalencia de la justicia material y la flexibilización de ritualismos procesales extremos para su real consolidación; por tanto, al amparo del método de la ponderación, la jurisdicción interna, en supuestos en los cuales un ritualismo procesal suprima la consagración de la justicia material, en base a una coherente argumentación jurídica, deberá aplicar el principio ahora desarrollado, el cual, como se señaló, tiene génesis en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

iii)                Principio pro natura

 

Esta es otra directriz principista que tiene génesis en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ya que éste, en mérito a una interpretación evolutiva, debe ser desarrollado a partir del principio de favorabilidad consagrado en el Art. 29.b de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En efecto, de acuerdo a la visión del constitucionalismo latinoamericano, en particular en concordancia con la concepción de protección al medio ambiente plasmada en la Constitución Ecuatoriana de 2008[13], en la Constitución Boliviana de 2009 y la Ley Marco de la Madre Tierrra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, esta pauta de interpretación inserta en el Bloque de Constitucionalidad merced a su génesis en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, inequívocamente debe irradiar de contenido la tutela de derechos difusos, especialmente los medioambientales.

iv)                Principio Precautorio

 

Para la tutela efectiva de los derechos ambientales, como derechos difusos, surgen nuevos paradigmas de protección, uno de ellos es el principio precautorio, destinado a evitar los efectos de la sociedad de riesgo sobre el ambiente, con una teleología cautelar en la que se tomen eficaces y oportunas decisiones de control y prevención para evitar así degradación de la naturaleza. En este marco, debe señalarse que el principio precautorio tiene dos consecuencias: 1) A pesar de la incertidumbre sobre los efectos nocivos que determinada actividad pueda tener frente al medio ambiente, deben tomarse las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitarse un daño, para lo cual, no es necesario que exista la certeza científica para implementar medidas de salvaguarda, ya que estas se justifican aun en aquellos eventos donde haya duda respecto a los perjuicios que puede causar determinada actuación; y, 2) La aplicación del principio precautorio genera la inversión de la carga de la prueba, es decir que quien acciona en resguardo del medioambiente, no tiene el deber procesal de demostrar la afectación medioambiental denunciada, sino más bien, es quien ejecuta la “acción” o incurre en supuesta “omisión”, el que debe demostrar que el medio ambiente no será alterado negativamente o que se han tomado las medidas necesarias para evitar el daño[14].

Este principio, se encuentra consagrado en la Conferencia de Estocolmo de 1972, en su proclama sexta. También se encuentra en el principio décimo quinto de la Declaración de Río sobre medioambiente y desarrollo de 1992 y en el art. 3 principio 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático, por tanto, siguiendo el criterio plasmado en la Sentencia Constitucional 0110/2010-R, el principio precautorio, al ser un principio de derecho internacional y enmarcado además dentro de la costumbre internacional, inequívocamente forma parte del Bloque de Constitucionalidad boliviano y por tanto debe irradiar de contenido tanto la actividad jurisdiccional interna.

 

 

6.       Los estándares supra-estatales diseñados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos referentes a la doctrina de la “reparación integral de daños” y su aplicación en vulneraciones a derechos colectivos y difusos

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha creado una doctrina en lo que ha denominado “la reparación integral de daños” aspecto de gran relevancia no sólo para la tutela subjetiva de derechos, sino también para la tutela de derechos colectivos y difusos, porque a partir de una interpretación evolutiva del art. 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), se ha establecido ejes de ruptura esenciales en cuanto a la tradicional visión individualista y patrimonialista de la reparación del daño producto de vulneración a derechos; criterios innovadores que llegan a contemplar la restitución; la indemnización; el Proyecto de vida; así como la satisfacción y las garantías de no repetición, los cuales, al integrarse al Bloque de Constitucionalidad boliviano, deben ser aplicados por la jurisdicción agroambiental e irradiar de contenido el futuro Código Procesal de la Jurisdicción Agroambiental[15].

Así, en el avance jurisprudencial a ser desarrollado, la construcción de la doctrina de la “reparación integral del daño”, empieza por una primera etapa que contempla el daño patrimonial y el desarrollo de otras formas de reparación, criterios que fueron plasmados en los casos Velásquez Rodriguez Vs. Honduras; Suárez Rosero Vs. Ecuador; Ricardo Baena y otros Vs. Panamá; y, De la Cruz Flores Vs. Perú.

Además, la CIDH, en cuanto a otras medidas de reparación, incorporó por ejemplo las reformas legislativas y constitucionales (Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile; y, Yatama Vs. Nicaragua), o medidas de delimitación (caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua); entrega de tierras tradicionales (Caso Moiwana Vs. Surinam); tipificación de delitos (Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia y caso Barrios Altos Vs. Perú); ubicación, traslado y exhumación de restos mortales (Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras y caso Goiburú y otros Vs.  Paraguay), anulaciones y suspensiones de efectos de sentencias (caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica; caso Palamara Iribarne Vs. Chile), entre otras.

Esta primera concepción sujeta a cánones más tradicionales de reparación, sufrió un giro radical a partir de una interpretación evolutiva por parte de la CIDH del art. 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así el en el caso Aloebotoe Vs. Suriname, considerado como un gran hito jurisprudencial en materia resarcitoria, se empieza a desarrollar bajo cánones dinámicos y no tradicionales, la doctrina de la “reparación integral de los daños”, la cual, como se demostrará, superará la clásica concepción del daño patrimonial y generará estándares jurisprudenciales que contemplan la restitución; la indemnización; el Proyecto de vida; así como la satisfacción y las garantías de no repetición.

En efecto, en el caso Aloebotoe Vs. Suriname, la CIDH, contempla dos ejes temáticos esenciales plasmados en los dos primeros estándares jurisprudenciales que componen la doctrina de la “reparación integral de daños”; en principio, desarrolla las consecuencias próximas y remotas al daño, señalando que frente a una violación a Derechos Humanos, la Corte debe asegurar una justa reparación por las consecuencias del daño tanto respecto al pasado como al futuro; este doble alcance de la indemnización, tiene la finalidad no solamente de “borrar las huellas” que en la víctima produjo la vulneración al derecho, sino también tiene el objetivo de evitar que ese tipo de hechos vuelvan a repetirse; pero además, en este precedente, se destaca un segundo elemento esencial para la construcción de la doctrina de la “reparación del daño integral”: El reconocimiento de la adopción de medidas no solamente patrimoniales, sino también extra-patrimoniales[16], postura a partir de la cual, se entiende que la Corte asume el criterio extensivo de reparación, el cual, no puede restringirse a una reparación únicamente patrimonial, sino que el alcance de ésta contempla también al ámbito extra-patrimonial o inmaterial, que como se verá más adelante, repercutirá por ejemplo en el estándar jurisprudencial referente al Proyecto de Vida u otras medidas de satisfacción y de no repetición.

En resguardo de un “hilo narrativo coherente”, debe establecerse también que la CIDH, en el caso “Niños de la Calle” Vs. Guatemala, ha señalado que el daño inmaterial comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o de su familia”. Además, para una construcción más completa del estándar jurisprudencial referente a los daños inmateriales, debe señalarse que en el caso Neyra Alegría y otros vs. Perú, la CIDH, señaló que debe considerarse las circunstancias de cada caso y debe analizarse el sufrimiento que las violaciones cometidas causan a las víctimas, el cambio de condiciones de vida y otras consecuencias de orden inmaterial que éstas sufren, para luego, en estos casos, fijar una cantidad en equidad como compensación por concepto de daños inmateriales. Debe señalarse también que en el caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, se establece que aunque la compensación pecuniaria suele ser frecuente, en la mayoría de los casos el daño inmaterial puede ser reparado asimismo con las demás medidas de reparación integral[17]. Estos estándares que amplían la visión de reparación únicamente patrimonial, inequívocamente deben ser aplicados por la jurisdicción agroambiental, en particular en la acción ambiental de resarcimiento, propuesta en el art. 202.II.a del Proyecto de Ley del Código Procesal Agroambiental, por lo que el alcance de dicha acción debe comprender la “doctrina integral de la reparación” y por ende debe abarcar a los daños patrimoniales como extra-patrimoniales.

En coherencia con lo antes expresado, cabe resaltar también que otro hito importante en la construcción de la doctrina de la “reparación integral del daño”, se encuentra en el estándar jurisprudencial desarrollado por la CIDH, que en una interpretación evolutiva del art. 63.1 de la Convención, prescribe que dicha disposición convencional, es una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional Contemporáneo para reparaciones, criterio plasmado en el caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala y también reiterado en el caso Rosendo Cantú y otra Vs. México[18]; criterio que integra la doctrina de la CIDH referente a la “reparación integral del daño” al bloque de constitucionalidad boliviano como principios internacionales supremos que deben irradiar de contenido el futuro Código Procesal de la Jurisdicción Agroambiental y las decisiones que en temas de resarcimiento de ella emanen.

Asimismo, otro estándar jurisprudencial que estructura la doctrina de la CIDH referente a la “reparación integral del daño”, esta dada por el concepto del restablecimiento de las cosas al estado anterior al evento dañoso y cuando este no es posible, el establecimiento de reparación mediante una justa indemnización o compensación, criterio plasmado en el caso de los hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, en el cual, la CIDH, señala que en casos en los cuales no sea posible la restitutio in integrum, teniendo en cuenta la naturaleza del bien afectado, la reparación se realizará, inter alia, según la jurisprudencia internacional, mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria[19].  

Otro estándar jurisprudencial diseñado por la CIDH que integra la doctrina de la “reparación integral del daño”, fue sentado a través del caso Godínez Cruz Vs. Honduras, en el cual, se estableció que la reparación pecuniaria siempre tendrá un carácter compensatorio más nunca sancionatorio[20],  en este contexto, la CIDH, señaló que la finalidad de fijar montos indemnizatorios no tiene por objeto constituir una sanción por la conducta imputable a un Estado, sino que busca reparar las consecuencias del mismo. Además, en este caso, se introduce un segundo criterio esencial para la doctrina de la “reparación integral del daño”, ya que la CIDH, señala que en casos de resarcimiento, en la generalidad de los casos, se incluirá lo relativo al daño moral, así como al daño emergente y lucro cesante, o pérdida de ingresos, como lo ha denominado esta Corte. En este aspecto, debe además completarse el estándar, con el criterio que debe adicionarse al concepto de daño emergente y lucro cesante y que es el referente al daño patrimonial familiar, el cual fue plasmado en los casos “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, Baldeón García Vs. Perú; y Gutiérrez Soler Vs. Colombia; en estos, se consideró para efectos de reparación, el perjuicio o trastorno económico ocasionado al grupo familiar como consecuencia de las violaciones a Derechos Humanos[21].

Además, un hito importantísimo en la construcción de la doctrina de la “reparación integral del daño” y que configura uno de los estándares jurisprudenciales más importantes desarrollado por la CIDH en esta temática, es el referente al daño al proyecto de vida, entendimiento plasmado en el caso Loayza Tamayo Vs. Perú[22], en el cual, se señaló que debe analizarse la realización integral de la persona afectada, considerándose su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas.  Este precedente, también fue asumido en los casos “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala y Cantoral Benavides Vs. Perú[23]. En mérito a lo señalado, este estándar jurisprudencial inserto en el Bloque de Constitucionalidad boliviano, inequívocamente debe ser aplicado por la jurisdicción agroambiental a momento de establecer medidas resarcitorias, estándar aplicable no solamente en relación a afectación de derechos individuales, sino también difusos y colectivos, especialmente y con mayor énfasis en el caso de derechos de Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos.

También, en la construcción de la doctrina de la “reparación integral del daño”, la CIDH, en el caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala[24], ha establecido el alcance de otras medidas de satisfacción y garantías de no repetición, criterio que posteriormente y a través del caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, fueron extendidos, desarrollándose así el concepto de medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición entre las cuales, se destacan la publicación de las partes pertinentes de la sentencia, que incluye los hechos probados, los puntos resueltos y las medidas de reparación dispuestas; así como el desarrollo de actos públicos de responsabilidad internacional[25].

Finalmente, es importante resaltar el estándar jurisprudencial sentado por la CIDH en cuanto a los daños colectivos y sociales, al respecto, en particular en el caso de derechos colectivos de pueblos indígenas, la CIDH ha establecido su resarcimiento a través de medidas restitutorias e indemnizatorias, así por ejemplo, en el caso de las comunidades Mayagna (Sumo) de Awas Tingni vs. Nicaragua; la CIDH, ordenó la delimitación, demarcación y titulación de las tierras ancestrales de la comunidad y cuyo uso y goce fue perturbado por la concesión hecha en sus tierras. Asimismo, en el caso  Yakie Axa vs. Paraguay; la CIDH, determinó que el Estado paraguayo vulneró el art. 21 de la Convención y el derecho a la vida de la comunidad, al haber permitido que sea desplazada e impedida de acceder a sus tierras ancestrales y gozar de sus recursos, ordenando al Estado identificar el territorio y entregarlo a este pueblo indígena; en este mismo caso la CIDH, estimó pertinente que el Estado creara y subvencionara un fondo de desarrollo comunitario a ser implementado en las tierras que se entregarán a los miembros de la comunidad, fondo que debía servir para el desarrollo de proyectos educacionales, habitacionales, agrícolas y de salud; ordenó también la creación de un programa comunitario para el suministro de agua potable e infraestructura sanitaria. En el caso de la comunidad de Moiwana, se ordenó la creación de un fondo de desarrollo financiado por el Estado de Surinam, destinado a programas de salud, vivienda y educación de los miembros de la comunidad.  Además, en el caso del Pueblo Indígena Kiwcha de Sarayaku vs. Ecuador, la Corte ordenó neutralizar, desactivar y en su caso, retirar la pentolita en superficie y enterrada en el territorio de este pueblo indígena, con base en un proceso de consulta con éste, así como reforestar el área afectada. De la misma forma, en el caso Xamok Kasek vs. Paraguay asumió medidas de rehabilitación, ordenando la prestación de servicios médicos[26].

En el marco de lo señalado, puede colegirse que la doctrina de la “reparación integral del daño” desarrollada por la CIDH, ha generado importantes estándares jurisprudenciales, los cuales, en los términos expuestos de manera resumida en el presente trabajo, inequívocamente forman parte del Bloque de Constitucionalidad boliviano, por tanto, deben ser aplicados por la jurisdicción interna en casos referentes a la vulneración de derechos no solamente individuales, sino particularmente colectivos o difusos.

 

7.       Conclusiones

 

En mérito a todo lo expuesto, debe colegirse en lo siguiente:

a)      Los estándares jurisprudenciales  emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que fueron expuestos en el presente trabajo, forman parte del Bloque de Constitucionalidad y deben irradiar de contenido la actividad jurisdiccional interna en el Estado Plurinacional de Bolivia.

b)      Los estándares jurisprudenciales emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a interpretación de derechos colectivos, pueden resumirse en los siguientes: 1) La interpretación evolutiva del art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a partir de la cual, se reconoce que ésta protege no sólo a la propiedad privada, sino también a la propiedad comunal. En este marco, además del contenido concreto del estándar antes referido, debe establecerse que otro elemento esencial a ser rescatado es que la pauta de interpretación evolutiva, que como se señaló no sólo se basa en el tenor literal de la norma, sino en una interpretación extensiva y progresiva acorde con la evolución de los tiempos y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es una pauta específica de interpretación constitucional inserta en el bloque de constitucionalidad y que por tanto, indudablemente debe ser aplicada por la jurisdicción agroambiental; 2)  El segundo estándar desarrollado en el presente trabajo, consagra la existencia de una especial relación que une a los pueblos indígenas con su territorio y que no se refiere meramente a la posesión o aprovechamiento material de la tierra, sino que además integra un elemento inmaterial y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras, estándar que rompe una tradicional visión civilista de la propiedad y que para el caso de derechos a la territorialidad de Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos, debe inequívocamente ser aplicado por la jurisdicción agroambiental; 3) El tercer estándar a ser aplicado por la jurisdicción agroambiental, versa sobre los conflictos entre la propiedad colectiva y la propiedad privada, en ese orden, para estos casos, como resultado del método de  ponderación utilizado por la CIDH, se estableció la prevalencia de la propiedad colectiva en relación a la propiedad privada, por lo cual, corresponde la devolución de tierras ancestrales a los pueblos indígenas, salvo casos de imposibilidad justificada de restitución territorial, supuesto en el cual, el Estado, con la participación del pueblo indígena, debe asignar otras tierras y/o proceder a una justa indemnización; 4) Como cuarto estándar desarrollado, se tiene aquel que consagra el principio en virtud del cual, la posesión no es un requisito esencial para la titulación de tierras colectivas, en ese orden, merced a este estándar jurisprudencial, la pérdida de tierras ancestrales por causas ajenas a la voluntad de los pueblos indígenas no hace que éstos pierdan su derecho a las mismas, sino que se mantienen sus pretensiones aunque la propiedad pertenezca a terceros; 5) El quinto estándar desarrollado se refiere a la consagración de la autoidentificación como criterio específico para determinar la condición de indígena, ya sea de manera individual o colectiva; 6) El sexto estándar, consagra la tutela de derechos, no solamente desde una perspectiva individual, sino también colectiva; y 7) Finalmente, el séptimo estándar jurisprudencial consolida el derecho a la consulta previa como derecho colectivo de los pueblos indígenas integrante del derecho a la propiedad de tierras ancestrales, además, para casos de limitación a este derecho deberán cumplirse con tres requisitos esenciales: a) La participación efectiva de los pueblos, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo el plan de desarrollo, inversión o extracción; b) Que el pueblo afectado se beneficie razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio; y c) La realización previa de un impacto ambiental. Además, se necesita el consentimiento de los pueblos indígenas en los siguientes casos: i) Traslado de los pueblos indígenas de las tierras que ocupan y su reubicación; 2) Almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas; y 3) Planes de Desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían impacto en el Pueblo Indígena. Finalmente, al abrigo de este estándar, se tiene que el Estado, sin delegación a particulares o terceros, debe desarrollar el procedimiento de consulta de acuerdo a las instituciones y procedimientos de los Pueblos Indígenas, con carácter previo, de manera informada con una constante comunicación entre el pueblo indígena y el Estado y de buena fe.

c)      Para el ámbito de la tutela jurisdiccional vinculada con derechos colectivos o difusos, la jurisdicción agroambiental, debe aplicar los principios de favorabilidad, pro-actione, pro-natura y precautorio, los cuales se enmarcan en una visión garantista de los derechos y aseguran una interpretación de los mismos “desde y conforme al Bloque de Constitucionalidad”.

d)      Los estándares jurisprudenciales emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la doctrina de la “reparación integral del daño”, pueden resumirse en los siguientes: 1) El primer estándar consolida al art. 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional Contemporáneo para reparaciones, por lo que a partir de éste estándar, indudablemente el fundamento de la “reparación integral del daño” está en el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos; 2) El segundo estándar jurisprudencial en temas de doctrina de la reparación del daño integral, plasma el criterio en virtud del cual, la reparación comprende como primera medida la reparación in integrum del derecho, es decir el restablecimiento de las cosas al estado anterior al evento dañoso y en su defecto, la reparación se materializará mediante una justa indemnización o compensación; 3) La reparación integral del daño, comprende los conceptos de daño patrimonial, daño extra-patrimonial y otras medidas de reparación. En el primer caso, los parámetros a ser considerados son el daño emergente, el lucro cesante o pérdida de ingresos y el daño patrimonial familiar. En el segundo supuesto, debe señalarse que el daño extra-patrimonial comprende a su vez el daño inmaterial que se determina en virtud a los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas o colectividades, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima, su familia y la colectividad. Pero además, está integrado al concepto de daño extra-patrimonial, el daño relacionado al proyecto de vida, en el cual, debe analizarse la realización integral de la persona afectada, considerándose su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas, proyecto de vida que debe ser entendido no solo desde un ámbito individual, sino también puede comprender un proyecto de vida colectivo si la vulneración está relacionada a derechos colectivos; asimismo, se ha establecido que para daño inmaterial debe aplicarse el criterio de “equidad”.

Finalmente, el concepto de otras medidas de reparación, están conformadas por mecanismos de rehabilitación, satisfacción y no repetición entre las cuales, se destacan la publicación de las partes pertinentes de la sentencia, el desarrollo de actos públicos de responsabilidad internacional, el establecimientos de fondos o programas de desarrollo, prestación de determinados bienes o servicios, entre otros; 4) El cuarto estándar jurisprudencial, plasma el carácter compensatorio y no sancionatorio de las “medidas de reparación integral” desarrolladas por la CIDH; y 5) El quinto estándar, es el referente a los daños colectivos, los cuales pueden ser reparados a través de justas indemnizaciones patrimoniales a la colectividad o mediante otras medidas de reparación como ser mecanismos restitutorios por ejemplo en cuanto a derechos de territorialidad, creación de fondos de desarrollo comunitarios, programas de desarrollo y otras medidas de rehabilitación como ser prestaciones de servicios de salud o educación entre otros.

 

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VERBIC Francisco. Procesos Colectivos. Ed. Astrea. Buenos Aires. 2007.



 
 

[1] Es docente de post-grado en la Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Mayor de San Simón, Universidad Mayor de San Andrés, entre otras. Es también postulante al doctorado en Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional y otra en Derecho Internacional Privado y ha realizado estudios en Derecho Indígena en la Universidad de Oklahoma entre otras. Es investigadora y consultora en Derechos Humanos, tiene varias publicaciones, realiza también otros estudios enfocados en la línea de investigación del Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Fue letrada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

[2] LORENZETTY Ricardo. Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de Derecho”. Ed. Rubinzal Culzoni. Santa Fe. 2006. Pp 287 y 385.

[3] Luigi Ferrajoli elabora una definición teórica puramente formal o estructural de los derechos fundamentales y señala que son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados del status de persona, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva de prestaciones o negativa de no sufrir lesiones adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por “status” la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas. FERRAJOLI Luigi. Derechos y Garantías (la ley del más débil). Editorial Trotta. Madrid. 1999. P 37.

 

[4] Ver GIANNINI Leandro, La Tutela Colectiva de Derechos Individuales Homogéneos. Librería editora Platense. La Plata 2007. P 29 y 65.

[5]  Ibid., P. 59.

[6] La Sentencia Constitucional 1018/2011-R, demarca a la acción popular como un mecanismo constitucional de tutela colectiva de derechos y la SCP 862/2012 establece que la acción de cumplimiento es un mecanismo de tutela objetiva de derechos fundamentales.

[7] En efecto, a partir de la formación del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, se emite como instrumento supra-estatal de protección de Derechos Humanos la Declaración Universal de Derechos Humanos, para luego, aprobarse dos herramientas supra-estatales esenciales: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El primero como instrumento internacional con fuerza coercitiva, versa sobre derechos de primera generación y directamente justiciables, en especial civiles y políticos; el segundo, tal cual su nombre lo indica, se refiere a la generación de derechos económicos, sociales y culturales. A partir de la distinción de estos instrumentos, en particular el constitucionalismo europeo desarrolla la teoría generacional de los derechos y los clasifica en derechos de primera, segunda y tercera generación, aspecto que repercute en el grado de justiciabilidad de los mismos, ya que en el marco de los lineamientos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solamente estos tienen una directa justiciabilidad a través de acciones tutelares. Por el contrario, las demás generaciones de derechos, al implicar obligaciones positivas para los Estados, son de aplicación progresiva encomendada ya sea a los órganos Ejecutivo o Legislativo, en relación a los cuales solamente se aplica el principio de prohibición de regresividad, anulándose cualquier posibilidad de directa justiciabilidad a través de acciones tutelares de defensa de derechos.

[8] Ver ANAYA James. Los derechos de los pueblos indígenas. Artículo disponible en http://paideiah.pucp.edu.pe/programas/moodle/file.php/276/Lectura_Obligatoria_ANAYA_James_Derechos_Pueblos_Indigenas.pdf  P 50. Esta sentencia en el párrafo 148, interpretando el art. 21 de la Convención, ha señalado: “…mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el art. 29.b de la Convención –que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos-, esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nigaragua”.

[9] Debe aclararse que en virtud al principio de efectividad, o protección real, la CIDH, estableció que debe tomarse en cuenta la identidad cultural de los pueblos indígenas, para asegurar “una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”.

[10] En el caso Moiwana vs. Surinam, también la CIDH, ha consagrado la excepción al principio de continuidad, en virtud del cual, cuando las comunidades indígenas hayan sido arrebatadas de sus tierras por el ejercicio de la violencia o por la amenaza de este ejercicio, no se extingue su derecho a la propiedad indígena.

[11] en el par. 231, la sentencia señala: “En anteriores oportunidades, en casos relativos a comunidades o pueblos indígenas y tribales el Tribunal ha declarado violaciones en perjuicio de los integrantes o miembros de las comunidades y pueblos indígenas o tribales. Sin embargo, la normativa internacional relativa a pueblos y comunidades indígenas o tribales reconoce derechos a los pueblos como sujetos colectivos de Derecho Internacional y no únicamente a sus miembros. Puesto que los pueblos y comunidades indígenas o tribales, cohesionados por sus particulares formas de vida e identidad, ejercen algunos derechos reconocidos por la Convención desde una dimensión colectiva, la Corte señala que las consideraciones de derecho expresadas o vertidas en la presente Sentencia deben entenderse desde dicha perspectiva colectiva”.

[12] Así, en el párr.. 177, la sentencia pronunciada en este caso señaló “…el Estado tiene el deber de consultar, activamente y de manera informada, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes”. Además señaló que “La consulta previa requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una comunicación constante entre las partes”. También en el párr. 186, la Corte señala: “…Es inherente a toda consulta con comunidades indígenas, el establecimiento de un clima de confianza mutua y la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros  que actúan con su autorización o aquiescencia. Adicionalmente, la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales”.

[13] El art. 395 de la Constitución ecuatoriana de 2008, en su cuarto numeral disciplina el principio pro-natura y señala que “…en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”.

 

[14] Ver ARCILA SALAZAR Beatriz. El principio de precaución y su aplicación judicial. En: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vol. 39. No. 111/ p 283-304. Medellín Colombia. Julio-Diciembre 2009. ISSN 0120-3886

[15] Estos criterios ya fueron plasmados en el siguiente trabajo: “Estudio relativo al derecho a la restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, Documento E/CN.4/Sub.2/1993/8 de fecha 2 de julio de 1993, numeral 137, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Comisión de Derechos Humanos, 45° Periodo de Sesiones de la Sub-comisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.

 

[16] Ver Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, Párr. 48. Además, en el caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 175, la Corte señaló: “Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial”, aspecto que en el marco del primer precedente (Aloebotoe Vs. Surinam), evidencia que el estándar jurisprudencial uniforme de la CIDH contempla el concepto de daños materiales e inmateriales.

[17] En cuanto al daño material, según la Corte comprende: a) daño emergente, que equivale a los gastos directos e inmediatos que ha debido cubrir la víctima o sus representantes con ocasión del ilícito, en la mayoría de los casos, la Corte requiere prueba específica de cada uno de los gastos y su vinculación con el caso, empero, en los casos en que hay largos periodos de impunidad o contextos de graves violaciones a derechos humanos, existe un criterio más flexible para acreditar los gastos, y por ende la Corte establece monos en equidad, en estos casos, lo que se exige es acreditar el vínculo entre el daño reclamado y la violación sufrida (Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, parr. 203); b) la pérdida de ingresos, estas indemnizaciones conciernen a las pérdidas patrimoniales provocadas por una mema de ingresos debido a una violación de derechos humanos. La Corte ha definido la pérdida de ingresos aplicando un criterio de compensación que comprende los ingresos que habría percibido la persona durante su vida probable. Con base en tal criterio se establece la pérdida de ingresos en casos en los que la persona ha sido ejecutada extrajudicialmente o ha sido víctima de desaparición fozada (caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras) ; y c) el lucro cesante y el daño al patrimonio familiar, este tipo de daño se presenta cuando a raíz de los hechos, se generan para la víctima y sus familiares gastos relacionados, ya sea con su exilio o la reubicación del hogar o residencia familiar, la obtención de empleo (perdido a consecuencia de los hechos), la reincorporación social, en relación con la pérdida de posesiones, etc, este se dispuso en el caso Baldeón García vs. Perú, en el año 2006 y también en el caso Molina Thissen Vs. Gutatemala.

[18] Ver caso Niños de la Calle Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C no. 77. Párr 62. Ver también caso Rosendo Cantú Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216. Párr. 203.

[19] Ver caso Hermanos Gómez. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, Párr 189, precedente también utilizado en caso 19 comerciantes Vs. Colombia, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. Párr 222.

[20]  Ver caso Godínez Cruz Vs. Honduras: Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 8 párr. 36

[21] En el caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr.. 187 y en el caso Gutiérres Soler. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr.. 77, la corte dispuso indemnizaciones sobre la base de daño familiar, considerando por ejemplo, traslados de vivienda y cambios de trabajo que obligan al núcleo familiar a dejar el lugar de residencia habitual, como consecuencia de hostigamiento o atentados contra la vida e integridad física en el marco de los hechos.

[22] Ver caso Loayza Tamayo Vs. Perú: Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998.Serie C No. 8, párr. 147.

[23] Ver caso Niños de la Calle Vs. Guatemala: Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77. Además, debe señalarse que en el caso En el caso Cantoral Benavides, la Corte reparó el daño al proyecto de vida con una beca de estudios superiores o universitarios que cubre, además, la manutención durante toda la carrera elegida. También en el caso Gómez Palomino Vs. Perú.  También en el caso Valle Jaramilo vs. Colombia, el estado ofreció una beca de estudios pero la Corte no la determinó bajo este rubro.

[24] Ver caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 268.

[25] Ver caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Cosas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. Párr. 220.

[26] la rehabilitación pretende reparar lo que concierne a las afectaciones físicas, psíquicas y morales que puedan ser objeto de atención médica o psicológica.

 
 
 
 

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