“En dictadura se sabe quién es el enemigo, en democracia son más difíciles de detectar”

 

Por: María Elena Castillo
 

Antonia Saquicuray. Jueza superior de Apelaciones que declaró inaplicable la Ley de Amnistía para los autores de la matanza de Barrios Altos – Foto: Gabriela Morales (La República)

 Martes, 16 de diciembre de 2014. Cuando el caso de la matanza de Barrios Altos llegó a su despacho, Antonia Saquicuray tenía un año como jueza titular, pero no se amilanó. Y aunque podía perder el puesto, tomó la histórica decisión de declarar inaplicable la Ley de Amnistía dictada por el Congreso –controlado por Alberto Fujimori– para que los militares que cometieron el crimen quedaran impunes. Su estrategia para evitar presiones políticas fue evaluar el caso y resolverlo con prontitud. Así no dio tiempo a que le hicieran llamadas ni ejercieran injerencia alguna. Dice que si bien ya no vivimos en dictadura, el caso de la ex procuradora Yeni VIlcatoma muestra que puede haber presiones, ante lo cual los magistrados deben responder dictando resoluciones de acuerdo con la ley.

Usted declaró inaplicable la Ley de Amnistía en el caso Barrios Altos, enfrentándose a la dictadura de los 90. ¿Fue difícil?

Todos los años son complicados, en estos tiempos también  pasamos situaciones difíciles, pero lo importante es que el magistrado tiene la misión de resolver de acuerdo a ley. En ese momento era etapa especial y por primera vez se quería aplicar la Ley de Amnistía y justo en un caso que yo tenía bajo investigación, como era el asesinato en un solar de Barrios Altos, por parte de lo que en ese momento se pensaba era paramilitares, y que luego supimos era un grupo organizado del Servicio de Inteligencia.

No habrá sido fácil, tomando en cuenta lo que se vivía entonces.

La mayor fortaleza de los jueces debe ser nuestra independencia, nuestra imparcialidad para resolver cada caso que nos toca decidir.

Usted llegó a citar en ese momento al asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el hombre con mayor poder en el país…

Aunque digan que no se sabía, en ese entonces se conocía quién era y el poder que tenía por las informaciones que salían en La República y en Caretas, las que sirvieron para la investigación que realizó la doctora Ana Cecilia Magallanes.

Sé que la llamó el entonces presidente de la Corte Superior de Lima, Antonio Rodríguez Medrano, y el de la Corte Suprema Moisés Pantoja. ¿La presionaron?

La presión debe ser de uno mismo, para resolver con arreglo a ley. Siempre va a haber situaciones en que la llamen a uno y le pregunten ¿doctora, cómo es su caso?, ¿qué pasó? Pero uno resuelve conforme a su criterio, con lo que tiene, y no que le digan que resuelva de una forma u otra, porque quien tiene la conducción es el juez.

¿Trataron de dirigirla?

En algún momento me preguntaron qué pasó, cómo resolví así. Respondí que lo hice con lo que tenía, de acuerdo a la investigación realizada.

¿Se refiere a Rodríguez Medrano y Moisés Pantoja?

Claro. Cuando asumí el caso tenía que evaluar si abría instrucción con mandato de detención o comparecencia. Me llamó el presidente de la Corte Superior de Lima y me preguntó, aunque con mucho respeto, porque saben bien a quién presionan y a quién no. Me dijo “doctora: qué pasó, usted tiene un caso muy importante”. Le respondí que ya había abierto instrucción. Me preguntó “¿y con qué mandato?”. Le indiqué que con orden de detención, que es lo único que cabe por el delito que se debía investigar.

¿Eso fue todo?

Seguí investigando y cuando dicté la resolución (sobre la Ley de Amnistía) me llamó el presidente de la Corte Suprema, e igual con mucho respeto, me preguntó “qué ha pasado, mire usted los medios”. Le expliqué cómo era el caso y cómo había decidido. Y me dijo: “ya, doctora, puede retirarse”.

¿Por qué cree que no la presionaron más?

Porque ya había resuelto. Yo empecé de practicante en el Poder Judicial, he sido relatora y por la experiencia que he tenido con las personas que me tocó trabajar, he visto que los casos difíciles hay que sacarlos pronto, no demorarlos; de lo contrario, puede haber algún tipo de presiones, llamadas. Por eso mi estrategia fue: este caso lo estudio y lo resuelvo ya. No di tiempo a que hubiera algún tipo de llamada.

¿En algún momento pensó que se estaba jugando el puesto?

Sí. Era consciente de ello. Conversé con personas con mayor experiencia que yo en ese momento, pues yo tenía recién un año como jueza titular. Me advirtieron: “te estás jugando tu puesto”. Pero yo creo que los jueces estamos para resolver sin amedrentarnos.

Sabía que se enfrentaba a todo un gobierno con su resolución…

Sí, pero es la esencia de un juez. Mire lo que está pasando ahora, tal vez en diferentes ámbitos, con la ex procuradora Vilcatoma. En todo momento se dan situaciones que sirven para fortalecer a los operadores de justicia, sean jueces, fiscales, procuradores. Siempre se van a dar circunstancias que nos pondrán a prueba, antes las que tenemos que actuar en forma independiente y hacerlo notar, porque ahora hay mayor posibilidad de hacerlo público.

¿Denunciarlo ante la prensa?

La prensa es muy importante y también lo es transparentar nuestras sentencias, cuáles son nuestras líneas jurisdiccionales. Los jueces debemos presentar la resolución no solo a las partes del proceso, sino a la colectividad, que se cuelgue en una página web, a fin de que se debata con altura, pues todo es opinable en derecho.

En las encuestas, el Poder Judicial está entre los más corruptos…

Sí, nos peleamos el puesto con el Congreso y la Policía. Y una de las formas de cambiar eso es la transparencia, la rendición de cuentas, que se conozca el trabajo del juez. Ahora ya nada puede estar oculto.

Pero ahora se sabe de jueces o fiscales vinculados a redes mafiosas como la de Rodolfo Orellana o el caso de Áncash…

En el caso del señor Orellana se habla de una organización de años atrás. Ha llegado un momento en que estalló por las investigaciones. Pero esto no es de hoy, sino comenzó antes. Uno se pregunta ¿qué pasó? Lamentablemente, parece que las personas que en su momento estuvieron a cargo de las investigaciones, las archivaron y no se dijo nada. Pero en algún momento esto se rompe, porque no todo es corrupto. Hay muchos jueces y fiscales que están haciendo su trabajo, incluso poniendo su propia integridad.

Frente a la denuncia de la ex procuradora Yeni Vilcatoma sobre presunta injerencia en el caso de Martín Belaunde, quien fue asesor de campaña del presidente de la República. ¿Está bien que el ministro de Justicia se haya reunido con los fiscales que investigan este tema?

Los jueces y fiscales deben ser independientes en su labor. Ante una convocatoria de un ministro de Estado, yo entiendo que tal vez se puede conversar e informar en términos generales, porque no hay que olvidar que en este caso el ministro tiene todo el aparato del sector Justicia y, lógicamente, con relación a los procuradores, ellos están bajo su dirección. Pero si a mí me hubieran convocado, yo con respeto declinaría. Eso por la imparcialidad, total independencia y que no haya cuestionamiento de ningún tipo. Hay que respetar la separación de poderes.

Algunos dicen que fue irregular que la ex procuradora grabe y haga públicos los audios de su reunión con el ministro. ¿Actuó en forma ilegal?

He escuchado muchas opiniones, pero no voy a pronunciarme porque tal vez vamos a tener conocimiento del caso. Sin embargo, yo participé en el proceso de BTR, sobre interceptaciones telefónicas, y es claro que cuando se obtienen en forma ilegal es un delito. Aunque es un caso distinto. Lo importante es que esto ya se conoce, es sujeto a debate, se investigará y se determinará responsabilidades si las hubiere.

Se dice que la demora de la fiscalía en declarar a Belaunde Lossio como cabecilla permitió esta situación. ¿Por qué hay tanta lentitud en los procesos?

Entiendo que los casos son muy complejos, inclusive para recabar la información, pues se habla de una gran organización criminal, por lo que se tiene que cruzar información. Tal vez pueden ser demasiado lentas las investigaciones, pero para eso están los estamentos necesarios; por ejemplo, el fiscal puede estar supeditado al fiscal coordinador que puede monitorear el trabajo para que no se dilaten las investigaciones. Si bien es cierto que tiene total independencia para actuar y hacer las diligencias, es importante que haya una supervisión. La fiscalía debe actuar con mayor celeridad. El Ministerio Público debe dotar de los elementos logísticos o mayor número de personal, para llevar a cabo una buena investigación que va a ser el soporte de un juicio.

¿No fue poco ético que el asesor del presidente Humala, Eduardo Roy Gates, haya estado en la reunión con la ex procuradora para hablar sobre Belaunde Lossio?

Hay que actuar con mucha cautela para evitar cuestionamientos. Puede haber sido una reunión bien intencionada, pero los que estamos en la administración de justicia debemos ser muy cautelosos, porque se nos reclama independencia y la tenemos que demostrar. A veces en democracia es mucho más difícil que en dictadura.

¿Por qué lo dice?

Porque en dictadura sabemos quién es el enemigo, mientras que en democracia no, son más difíciles de detectar. En los años 90 conocíamos quiénes eran, ahora es más complicado. Pero lo bueno de la democracia es que se puede denunciar e investigar. Yo formo parte de la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia. Nos agrupamos en 1993, en plena dictadura. Éramos solo 18 jueces y a todos nos decían que nos iban a botar. Nosotros salimos en defensa de la institución porque había una intervención política a través de la Comisión Ejecutiva que presidía el señor Dellepiani, que era un marino.

¿Cuántos son ahora?

Ahora somos más de cien a nivel nacional. Seguimos siendo pocos, porque hay más de mil jueces, pero somos un buen componente en todas las instancias.

¿Cree que hay todavía presiones sobre el Poder Judicial?

Los jueces debemos responder con total independencia. Es muy probable que haya. A veces uno recibe presiones tanto internas como externas, es decir, de la prensa. Pero lo importante es el fortalecimiento del juez. Puede haber algún tipo de presiones ahora, pero la respuesta que debemos dar es resolver como corresponda, es decir, de acuerdo a ley.

Hay un conflicto en el caso de Fidel Flores, el poblador que falleció durante un desalojo en Cajamarca, pues hay un proceso en el fuero común y otro en el militar. ¿Dónde debe verse?

Por la forma en que se llevó a cabo es un delito común y no tiene nada que ver con un delito de función. Hubo un exceso en el desalojo. Me imagino que allí entablarán una contienda de competencia.

Existe el temor de que se quiera proteger a los responsables, como se hizo en los años 80 con casos de derechos humanos…

Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Código Militar es para los delitos de función, pero no cuando se trata de un delito común, como este caso.

 

“JÓVENES SERÁN LOS JUECES Y FISCALES DEL FUTURO”

 

Usted forma parte de un proyecto de fortalecimiento del acceso igualitario a la justicia y de transparencia en la región andina. ¿En qué consiste?

Es un proyecto de la Comisión Andina de Juristas, que cuenta con el apoyo de la Comunidad Europea y convoca a cinco países de la región andina: además de Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. Participan jueces de todas las instancias, proporcionando sus sentencias y resoluciones del 2013.

¿Cuál es el fin?

Comenzó en el 2005 en Perú y en el 2008 mereció un premio de Ciudadanos al Día como un proyecto importante de transparencia y rendición de cuentas. Y ahora estamos jueces de todas las instancias, supremos, vocales superiores y de primera instancia.

De todo el país…

De tres Cortes: de Lima, de Cajamarca y la Corte de Chiclayo. Participamos en total 64 magistrados, de los que 24 somos de Lima. Somos jueces penales, de familia, del ámbito constitucional; por ejemplo, hay jueces, como de Cajamarca, que resuelven conflictos de las comunidades campesinas.

¿Cómo es la participación de la sociedad civil?

Un componente básico son los estudiantes de derecho de universidades públicas y privadas. Hay de San Marcos, de la Católica, la San Martín de Porres, así como de las universidades de Cajamarca y Chiclayo. Ellos van a nuestros despachos, les damos las resoluciones ya consentidas para que armen otras en diversas materias, sea penal, en delitos contra la vida y la salud, delitos patrimoniales, de tráfico de drogas, corrupción de funcionarios, etc. Es grato ver su entusiasmo pues pueden ser los jueces y fiscales del futuro.

Tienen gran interés de conocer el sistema judicial por dentro…

 

Sí. Me dicen que, por ejemplo, nunca habían ido al despacho de un juez, no sabían cómo trabajan, cómo atienden. Algunos manifestaban su sorpresa porque la universidad es diferente.

 

La pregunta obligada que le hacen debe ser sobre el caso Barrios Altos y la ley de Amnistía, que la hizo famosa…

La verdad que me asombra que me reconozcan tanto por esa resolución, que es del año 1995. Me dicen que es material de estudio en las universidades, como en la Academia de la Magistratura, en la formación de jueces y fiscales.

 

EL DATO

 

Magistrada superior considera que la prensa es importante para transparentar sentencias emitidas por el Poder Judicial.

 

 
 
Fuente: http://www.larepublica.pe/16-12-2014/en-dictadura-se-sabe-quien-es-el-enemigo-en-democracia-son-mas-dificiles-de-detectar