La sentencia Norín Catrimán y otros vs. Chile y algunas consideraciones a tener en cuenta por nuestros jueces

 

Equipo de Chile

 

El 29 de mayo de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. En ésta, el Estado de Chile fue declarado responsable por la violación de los siguientes derechos: principio de legalidad, presunción de inocencia, principio de igualdad y no discriminación, igual protección de la ley, libertad personal, derecho de la defensa a interrogar testigos, recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, libertad de pensamiento y expresión, derechos políticos y derecho a la protección de la familia, en contra de ocho personas, tres de ellas autoridades del pueblo mapuche (dos lonkos y un werkén), cuatro de ellas miembros de dicho pueblo y una persona activista por la reivindicación de los derechos de este pueblo.

La sentencia de la Corte Interamericana tiene puntos bastante interesantes a analizar, en primer lugar, porque ésta es la primera sentencia contra el Estado de Chile en materias indígenas. Además, la Corte se refiere a la legalidad de la Ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad (conocida como “Ley Antiterrorista”), la que, se ha discutido en la opinión pública, es aplicada excesivamente contra las acciones ejecutadas por miembros del pueblo mapuche que lucha por sus reivindicaciones territoriales. Así también, la sentencia se refiere a sistema procesal penal que actualmente se aplica en Chile, lo que resulta interesante, pues es la primera vez que este sistema es analizado por un tribunal internacional, el que efectúa reparos al recurso de nulidad contemplado en el actual sistema procesal penal chileno. Sin embargo, nos referiremos a aquellas decisiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tomando en cuenta la calidad de miembros de una comunidad indígena de las víctimas en el presente caso, que resultan bastante interesantes para el debate de cómo entender los derechos humanos a la luz de las condiciones particulares de los miembros de pueblos indígenas.

En primer lugar, respecto a la igual protección ante la ley, la Corte Interamericana señala en el párrafo 202 de la sentencia que “(…) la Corte considera que el origen étnico es un criterio prohibido de discriminación que se encuentra comprendido dentro de la expresión ‘cualquier otra condición social’ del artículo 1.1 de la Convención Americana.” Continua su razonamiento en el considerando 204, en el cual señala “La Corte toma en cuenta que la etnia se refiere a comunidades de personas que comparten, entre otras, características de naturaleza socio cultural, tales como afinidades culturales, lingüísticas, espirituales y orígenes históricos y tradicionales. Dentro de esta categoría se encuentran los pueblos indígenas, respecto de los cuales la Corte ha reconocido que tienen características propias que conforman su identidad cultural, tales como su derecho consuetudinario, sus características económicas, sociales, sus valores, usos y costumbres.” Atendido que el pueblo mapuche es un pueblo indígena, cualquier discriminación hacia sus miembros cabría dentro de la protección que otorga el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, la Corte concluye en este punto que “(…) ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su origen étnico” (considerando 206).

En segundo lugar, respecto a la medida provisional de prisión preventiva, la Corte también toma en consideración criterios específicos aplicables a los pueblos indígenas para determinar la arbitrariedad de esta medida en este caso. Al respecto, señala en su considerando 357: “(…) Los Estados, para garantizar efectivamente los derechos consagrados en el artículo 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, al interpretar y aplicar su normativa interna, deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. La duración prolongada de la prisión preventiva puede afectar de manera diferenciada a los miembros de pueblos indígenas por sus características económicas, sociales y culturales, que, en el caso de dirigentes de la comunidad, puede también tener consecuencias negativas en los valores, usos y costumbres de la comunidad o comunidades en que ejerce liderazgo.” Es muy interesante este criterio, porque limita la decisión del juez para determinar si procede la prisión preventiva en caso de delito presuntamente cometido por un miembro de un pueblo indígena, por lo tanto, este criterio debiese ser conocido por quienes imparten justicia.

En tercer lugar, la Corte razona respecto de la pena accesoria a la que se condena a tres de las ocho víctimas que, coincidentemente, son autoridades de diversas comunidades del pueblo mapuche, consistente en inhabilidad por 15 años para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones. En el considerando 375 la Corte señala que a los tres condenados, como autoridades de sus respectivas comunidades “les incumbe un papel determinante en la comunicación de los intereses y en la dirección política, espiritual y social de sus respectivas comunidades”, por lo que la inhabilidad impuesta “podría limitar el ámbito de acción de su derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el ejercicio de sus funciones como líderes o representantes de sus comunidades. Esto a su vez incide negativamente en la dimensión social del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la cual de acuerdo a lo establecido por la Corte en su jurisprudencia implica el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros.” Así también, la Corte se refiere al efecto intimidante e inhibitorio que la aplicación de la “Ley Antiterrorista” podría tener en el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión sobre otros miembros del pueblo mapuche (considerando 176).

En último lugar, la Corte se refiere a otra pena accesoria que recibieron las víctimas, consistente en inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y para ejercer derechos políticos, según lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal chileno. Respecto a este punto, la Corte, además de señalar que esta sanción es contraria al principio de proporcionalidad de las penas, establece en su considerando 384 que la imposición de esta pena es particularmente grave en el caso de los tres dirigentes de comunidades mapuches, porque “(…) también se afectó la representación de los intereses de sus comunidades respecto de otras, así como respecto del resto de la sociedad chilena en general. (…) estos fueron impedidos, en virtud de las referidas penas, de participar o dirigir funciones públicas en entidades estatales que, por su propia naturaleza, buscan promover, coordinar y ejecutar acciones de desarrollo y protección de las comunidades indígenas que éstos representan, lo que constituye una vulneración concreta de los derechos amparados en el artículo 23 de la Convención.”

En conclusión, esta sentencia marca un importante precedente para nuestro poder judicial, porque fija parámetros más estrictos para aplicar la normativa interna a los miebros de comunidades indígenas, la que no sólo debe ser interpretada a la luz de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos (efectuando un control de convencionalidad de las normas internas), sino que también debe considerar las condiciones culturales particulares de cada pueblo indígena de nuestro país.

 
 
 
 

«Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de las organizaciones socias del Proyecto (Comisión Andina de Juristas, Fundación CONSTRUIR, Centro sobre Derecho y Sociedad – CIDES, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA y la Facultad de Derecho – Universidad de Chile), y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.»

 
 
 
 

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