Relación entre el Estado con los niños, niñas y adolescentes

 

Equipo Nacional Chile

 

La relación entre el Estado y la población infanto-juvenil ha sido principalmente asistencialista, en tanto el Estado es el garante de sus derechos. Antiguamente el cuidado y educación de la población infanto-juvenil estaba vinculada más al ámbito privado que público, no obstante actualmente se han avanzado en un modelo estatal que resguarde los derechos que las familias no siempre pueden proveer.

Al igual que con el convenio 169 de la OIT, la firma y ratificación de convenios internacionales obliga al Estado a desplegar su acción en función de las exigencias establecidas. De tal modo las políticas públicas desarrolladas por el Estado buscan subsanar los vacíos que existen de acuerdo a ciertas temáticas, modificando esencialmente la concepción que se tenía del “niño” como un sujeto pasivo mientras que se ha avanzado en la valoración del “niño” como sujeto de derecho.  En este sentido tanto la Niñez como los Pueblos Indígenas adquieren un valor particular en los Estados Nacionales a raíz de tratados internacionales que surgen desde la vulneración de derechos.

El enfoque de derechos para el caso de niños, niñas y adolescente se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño. Dicho enfoque permite integrar los conceptos y lenguaje de la perspectiva de los derechos humanos en el diálogo de la reducción de la pobreza, esto implica, que los objetivos y valores de las estrategias antipobreza debieran guiarse por leyes internacionales de derechos humanos (Bayardi, 2013). Esto posibilita que los sujetos puedan reclamar por condiciones que le son propias por su condición de humanidad, anteponiendo la obligación legal por sobre las obligaciones morales (Minujin, et al, 2006 en Bayardi, 2013).

La niñez no fue un tema central en las Ciencias Sociales ni en la problemática política hasta después de la Primera Guerra Mundial, momento en el cuál los efectos de la guerra fueron niños abandonados, sin padres ni madres, mutilados, etc.  Por esto las Naciones Unidas crearon la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) el año 1946 con el objetivo de resguardar a los niños y niñas de los efectos de la guerra. Es de esta institución desde donde se crean los primeros Derechos de los Niños y se les/las visualizó como sujetos bajo la protección estatal.  La Convención sobre los Derechos del Niño es finalizada en 1989 con el objetivo de instalar en el aparato estatal a los niños como sujetos de derecho, enfatizando la importancia de que sean escuchadas sus opiniones en los asuntos que les afectaran directamente (Quecha, 2011).

El estado de Chile firma la convención el año 1990, y se convierte en el marco de referencia para las políticas sociales. Por esto debe integrar los postulados a la constitución y comienza a considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho por medio de un ejercicio gradual y progresivo de sus derechos (Viola, 2012). Esta concepción refleja una perspectiva jurídica la cual involucra las ideas, representaciones, creencias y marcos normativos desde un lenguaje jurídico; mientras que por otra parte los identifica desde una categoría biológica tal como los menores de 18 años.

Esta nueva perspectiva impulsa políticas sociales que abandonan esta concepción de niño como objeto de derecho por una de sujeto de derecho. Esto último ha sido fundamental en la definición y participación de la población infanto-juvenil en el devenir del Estado, en tanto las políticas públicas han generado condiciones de subjetivación de la niñez desde la categoría de sujeto, lo que a su vez va determinando las formas de desenvolvimiento de esta población y de la recepción del resto de la sociedad.  Se les reconoce de esta manera actoría social a los menores de 18 años que hoy corresponden a un 30,9% de la población total del país, distribuyéndose similarmente en las regiones.

Los niños, niñas y adolescentes indígenas son considerados por el estado chileno como “grupos vulnerables”; es decir, ambos sujetos presentan condiciones sociales y estructurales que impiden el goce pleno de sus derechos. Es por esto que el Estado ha debido suscribirse a acuerdos internacionales que refuercen la protección de sus derechos. Por lo mismo los niños indígenas presentan una doble condición de vulnerabilidad, tanto por ser indígenas como por ser niños o niñas.

 

 
 
 
 
 

«Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de las organizaciones socias del Proyecto (Comisión Andina de Juristas, Fundación CONSTRUIR, Centro sobre Derecho y Sociedad – CIDES, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA y la Facultad de Derecho – Universidad de Chile), y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.»

 
 
 
 

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