El desarrollo de la institucionalidad de protección para los Pueblos Indígenas

 

Equipo Nacional Chile

 

A nivel nacional ha existido una progresiva inclusión de los pueblos originarios a la sociedad chilena, generando un marco normativo robusto a la garantía de sus derechos. Desde 1990 que ha existido un impulso para procurar nacionalmente un espacio de inclusión para las comunidades indígenas, pese a que aún quedan grandes vacíos y espacios de segregación en la vida nacional y política, es posible hablar de un paulatino desarrollo de normativa que busca ciertas garantías mínimas para dichas comunidades.

El principal instrumento internacional que busca la promoción y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado y entrado en vigencia en Chile el año 2008, el cual considera a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos. Según este convenio, los países adherentes deben asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos de los pueblos indígenas a través de medidas que aseguren igualdad de derechos y oportunidades y eliminen las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre las etnias y el resto de la comunidad nacional.  En el ámbito político, reconoce a los pueblos originarios como tales y no como poblaciones, además de un conjunto de derechos de participación en la definición de sus propios asuntos y de autogobierno al interior de los estados. “Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios”[1].

Por otro lado, el reconocimiento a nivel constitucional está entre las principales demandas que ha presentado la comunidad indígena al país que ha tenido una serie de manifestaciones a través de diversos proyectos de ley. El primer proyecto tuvo lugar en 1991, el cual fue rechazado por no contar con la mayoría necesaria para su aprobación. Dicho proyecto señalaba: “Nuestra aspiración es lograr para los pueblos indígenas de Chile y los demás sectores que componen la comunidad nacional, la patria justa y buena que esperamos para todos los chilenos”. Además tenía como fundamento, entre otros, “crear todas las instancias que permitan a los pueblos indígenas de Chile vivir en una sociedad que respete y considere los elementos esenciales de las costumbres e idiosincrasia de estos pueblos”[2].

Posteriormente en el año 2005 con la Reforma Constitucional de la ley Nº 20.050 se señaló en el Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados que en el proyecto recogía esta idea y proponía de igual forma el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sin embargo, nuevamente fue rechazada la disposición que la contemplaba.

También es importante el Proyecto de Reforma  de la Constitución por el cual se reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la Nación Chilena[3] de Septiembre del año 2007, actualmente en su Primer Trámite Constitucional, que busca incluir en el Artículo 19 N° 2 de la Constitución, una norma que prohíbe establecer diferencias arbitrarias que se funden en el origen étnico o racial de las personas, entregando la posibilidad de interponer un recurso de protección en contra de quienes incurran en tales conductas arbitrarias.

Finalmente la Reforma Constitucional sobre Pueblos Indígenas[4] del año 2009 buscó la inclusión de los pueblos originarios como parte de la noción de Nación Chilena, fortaleciendo una concepción amplia de su cultura dentro de la Carta Fundamental. Dicha iniciativa fue archivada dado que las disposiciones han quedado incluidas en el proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile[5].

A nivel de la legislación el primer reconocimiento fue realizado en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, a través de la promulgación de la ley 17.729 y de la creación del Instituto de Desarrollo Indígena, para promover el desarrollo social, económico, educacional y cultural de los indígenas procurando su integración a la comunidad nacional, considerando su idiosincrasia y respetando sus costumbres.

A finales de los 80 las organizaciones más representativas de las etnias Mapuche, Aymara y Rapanui levantaron un conjunto de demandas para generar un nuevo vínculo con el Estado Chileno de modo de establecer ciertas garantías para los derechos que habían sido menoscabados, en particular en relación con sus derechos de propiedad sobre la tierra. Entre los ejes centrales de estas demandas destacaban: el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural hasta entonces negada en el país; la participación de sus representantes en la conducción de la política indígena del estado; la protección legal de sus tierras y aguas; el otorgamiento de tierras fiscales o de tierras particulares adquiridas por el estado con el objeto de poner fin al proceso histórico de jibarización de sus comunidades y permitir la ampliación de sus tierras; y el apoyo al desarrollo económico y cultural de sus pueblos y comunidades. Dichas demandas se concretizaron en Pacto de Nueva Imperial de 1989, suscrito entre el entonces candidato presidencial de la concertación, Patricio Aylwin, en la ciudad de Nueva Imperial, y los representantes de los pueblos indígenas Atacameños, Aymarás, Rapanui y Mapuche.

El 5 de octubre de 1993 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 19.253 que estableció normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y que creó además la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). La llamada “Ley Indígena”, reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de quienes habitaron nuestro territorio desde antes de la llegada de los conquistadores europeos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias y que para ellos la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura:

“Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”[6].

La protección de las culturas e idiomas indígenas contempla su uso y conservación, junto al español, en las áreas de alta densidad indígena, y el establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad programática que posibilite su conocimiento adecuado. Y en la educación superior, la ley estipula la promoción y el establecimiento de cátedras de historia, cultura e idiomas indígenas.

 



[1] Decreto 236. Diario Oficial de la República de Chile, 2 de Octubre de 2008.

[2] Boletín 513-07. Valparaíso Chile, 7 de Enero de 1991.

[3] Boletín 5324-07.Valparaíso, Chile, 6 de Septiembre de 2007.

[4] Boletín N° 4069‑07. Valparaíso Chile,10 de Enero de 2006.

[5] Boletines Núm. 5.324-07 y 5.522-07, refundidos. Valparaíso, Chile. 6 de Septiembre de 2007.

[6] Ley Nº 19.253. Diario Oficial de la República de Chile, 5 de Octubre de 1993.

 
 
 
 

«Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de las organizaciones socias del Proyecto (Comisión Andina de Juristas, Fundación CONSTRUIR, Centro sobre Derecho y Sociedad – CIDES, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA y la Facultad de Derecho – Universidad de Chile), y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.»

 
 
 
 

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