Algunas reflexiones sobre la reforma a la justicia

 

Por: Daniela Albán Domínguez (Colombia)

 

La representación mediática del sistema judicial

Algunos sucesos que emergen en el seno de la rama judicial han tenido un fuerte impacto en los principales medios de comunicación. El caso Villarraga, el carrusel de las pensiones y recientemente el caso Pretelt, son reflejo de la crisis por la que está pasando la justicia, la poca confianza de la opinión pública y los imaginarios colectivos sobre la rama judicial. La imagen de una justicia sin rostro, corrupta, hermética, secreta, lenta, ineficiente y vertical se apoderan de la psique colectiva consolidando la sensación de desconfianza frente a esta rama del poder y alzando diversas voces que reclaman una justicia efectiva y transparente.

Frente a la incontrovertible crisis por la que pasa el sistema judicial, se apoderan de la agenda pública los aires de reforma. Se identifica el derecho como arcaico,  cuyas letras están aprisionadas en el papel de los textos normativos, sin ninguna eficacia a la hora de resolver los conflictos de las personas y sin ninguna vocación de representar la realidad. A su vez, y como contraposición de la imagen de la norma, se le atribuye a la ley el poder mágico de cambiar la realidad, de actuar de cara a la crisis, de buscar una solución a las problemáticas sociales. Es ahí en donde los diferentes estamentos de la sociedad reclaman la necesidad de una reforma a la justicia, es más, incluso el debate de una Asamblea Constituyente vuelve a tomar fuerza.

Es importante recalcar la influencia de los medios de comunicación en la construcción de estas representaciones sobre la justicia. No es gratis que previo y durante los debates en el Congreso sobre la Reforma al Equilibrio de Poderes, con las consecuencias que tiene sobre la rama judicial, el clima mediático girara entorno al tema de la justicia. Para dar un sencillo ejemplo basta con referenciar algunas portadas de la revista Semana de marzo y abril de 2015:

1. Cojea pero llega. La Justicia toma decisiones claves en los dos grandes escándalos de los últimos tiempos: el DAS e Interbolsa. (Portada de la Revista Semana de 1 a 8 de marzo de 2015).

2.  La justicia tocó fondo: El escándalo de la Corte Constitucional puede ser el más grave que le ha sucedido a la Justicia colombiana. (Portada de la Revista Semana del 8 al 15 de marzo de 2015).

3. ¿Dónde está la autoridad?: Linchamientos en las calles, pasajeros que se toman aviones, crisis en la Justicia, delincuentes que salen de las cárceles, son preocupantes síntomas de un Estado cada vez más débil. (Portada de la Revista Semana del 15 al 22 de marzo de 2015).

4. ¡Vergüenza!: La crisis que desató el ‘Preteltgate’ está afectando la institucionalidad del país. Urge una salida. (Portada de la Revista Semana del 22 al 29 de marzo de 2015)

5. El Sabio de la tribu: Carlos Gaviria encarnó lo que la Justicia necesita y lo que la justicia necesitará. (Portada de la Revista Semana del 5 al 12 de abril de 2015) (Si bien de forma directa no se da una representación negativa de la justicia, si se está presentando un referente óptimo de juez de la República. El mensaje que deja es poner el modelo de juez frente a la antítesis de los jueces actuales, como Pretelt.)

Está bien que desde los medios de comunicación se le dé un papel importante a la crisis de la justicia, a la falta de independencia judicial por la injerencia de diferentes poderes sobre las decisiones judiciales,  la crisis de la independencia institucional que existe por la falta de presupuesto para ampliar la planta de jueces, los casos de corrupción de funcionarios judiciales, los problemas de acceso a la justicia de diversos sectores de la población, etc., pero que durante casi mes y medio, en la coyuntura de un proceso de paz, el tema central sea la crisis de la rama judicial y la necesidad de tomar medidas, es sospechoso.

Junto a la falta de credibilidad en el sistema, los medios de comunicación han producido una normalización de la violencia que acentúa la desconfianza que las personas sienten frente a la rama judicial. Se tiene la sensación de que cada día viene con una realidad que supera la ficción[1], pero a los dos días se olvida, generando esa sensación de impunidad y de ineficiencia del sistema para mostrar resultados, para impartir justicia, para contar la verdad.

A su vez hay una victimización de la sociedad civil frente al ejercicio jurisdiccional. La impunidad, ineficiencia y lentitud del sistema, entran no sólo a perpetuar en muchas circunstancias la violación de derechos a vastos sectores de la población, sino que han incentivado en la opinión pública olas mediáticas populistas punitivas,  que promueven la imposición de mayores sanciones, más cárcel y más penas privativas de la libertad de forma preventiva[2].

Lo cierto es que estamos (o por lo menos queremos pensar que así es) en una coyuntura nacional de cambio. Los diálogos de paz, una mayor participación ciudadana en lo público y la articulación de diferentes movimientos sociales, son una muestra de esto. Es indiscutible que el tema de la justicia hace parte de la agenda mediática pero ¿los diagnósticos que se hacen de  los problemas estructurales de la rama judicial dan cuenta de la realidad? ¿Se están haciendo verdaderos diagnósticos sobre la rama judicial? ¿El escenario de debate sobre la reforma es incluyente con diversos sectores de la sociedad? Muchas de esas preguntas quedan en el aire, sin embargo es necesario elevar la exigencia social para poner el tema de la reforma a la justicia como punto central en la agenda pública.

El poder judicial es el poder más débil dentro de la estructura del Estado Moderno, ya que pretende autogobernarse pero en las democracias no se elige popularmente[3], por lo tanto está sujeto a las mayorías políticas provenientes del ejecutivo y el legislativo, cuyo ejercicio del poder se puede traducir a través de Reformas Constitucionales. La injerencia en la independencia judicial que han ejercido estas ramas del poder, ha sido constante y en consecuencia ha profundizado la crisis de la justicia. Si queremos pensar en paz, verdad y reparación, la rama judicial debe fortalecerse, de lo contrario todas estas aspiraciones sólo se quedarán en eso.

 

¿Una Reforma Constitucional es una verdadera solución para cambiar las prácticas judiciales?

El problema de no tener un diagnóstico apropiado de lo que efectivamente está interfiriendo en el pleno desarrollo de la Administración de Justicia, radica en que no se están implementando medidas que solucionen sus principales problemáticas, sino que se dan paliativos que constantemente se van cambiando, renovando o reformando en el tiempo. Un ejemplo perverso de esto son los despachos de descongestión, que no implican en un sentido material una descongestión del sistema, pero que muestra la ineficacia de los poderes del Estado a la hora de tomar medidas frente a éste problema. ¿Por qué no volver estos despachos permanentes o ampliar la planta de jueces en distritos con alto grado de congestión como por ejemplo Bogotá? Y aquí de nuevo la excepción se convierte en la regla general, que no implica una solución a largo plazo con un cambio sustancial en la rama, sino la prolongación de la toma de decisiones para acabar con el problema.

Hay que buscar espacios y ejercicios de ciudadanía que impliquen una transformación de la realidad judicial, sin acudir necesariamente en la hiper-inflación normativa y reformitis aguda con la que se quieren solucionar los problemas institucionales y sociales en nuestro país. No quiero decir con esto que no se deban tomar medidas frente a cambios estructurales que requiere el andamiaje judicial para tener un óptimo funcionamiento, sino que de la mano de estos debates se debe trabajar con la proyección de lograr un cambio cultural en las prácticas judiciales que cobije desde la sociedad civil, los estudiantes de derecho, los abogados, los despachos judiciales y  los jueces de la república.

 

Relación constructiva entre el Poder Judicial y la sociedad civil.

Hay que poner en el centro de la discusión el papel de la ciudadanía para explorar nuevos mecanismos de reforma judicial, fortalecer la independencia y la confianza en el sistema. Esto implica repensar las prácticas jurídicas que en la actualidad establecen una brecha entre la sociedad y la rama de justicia, y que se ven afectadas por las mediaciones que hacen los medios de comunicación, la sociedad civil y los poderes del Estado.

Los factores[4] que afectan la independencia judicial pueden ser externos o internos. Los externos pueden ser los partidos políticos, movimientos sociales, los mass media, la iglesia, los poderes del estado, los escenarios de conflicto, las amenazas a la integridad personal y la vida de los jueces por parte de grandes mafias, actuaciones ilegales como las ‘chuzadas’, la circular que emitió el Procurador en el 2013 para que se hiciera seguimiento a los procesos judiciales con pretensión de matrimonio entre parejas del mismo sexo, entre otros. Los internos hacen referencia por un lado a las lógicas laborales al interior de los despachos (el jurídico, sustanciador, escribiente, notificador, la secretaría, etc) y a la persona del juez con sus sesgos ideológicos, su postura interpretativa y sus lógicas de impartir justicia.

Sobre estas lógicas externas e internas poco se dice. Quiero hacer énfasis en las internas porque el nivel de trabajo que tienen los despachos judiciales, por lo menos en Bogotá, es ridícula[5]. Jueces y auxiliares que llegan a las 6 de la mañana y se van a las 9 de la noche para evitar que sus despachos colapsen; jueces que tienen que dedicar a lo mucho dos horas al estudio y resolución de una tutela; constantes presiones por parte del Consejo Superior de la Judicatura y sus superiores jerárquicos (ya sea de Tribunal o alta Corte); casos difíciles en los que median amenazas a la vida e integridad física del juez y su equipo de trabajo, sin que les asignen un esquema de seguridad. Todo esto hace que la labor del juez sea casi la de un héroe[6], porque se enfrenta a la difícil tarea de impartir justicia, solucionar los problemas de las personas, reconocer derechos fundamentales y velar porque éstos dejen de ser vulnerados, todo en tiempo record.

Como la labor judicial poco es exaltada o reconocida, ya sea porque la credibilidad en la justicia cada vez es menor o porque los mismo canales comunicativos sólo exponen los escándalos judiciales, la desconfianza de la sociedad civil no sólo tiene efectos en la crisis de la justicia, de la que tanto se habla, sino a su vez en su papel como incumplidores de normas en la sociedad. El problema de desconfianza es muy fuerte porque se plantea la siguiente pregunta: ¿si yo no confío en que otro obedezca las normas, por qué las tengo que obedecer yo?[7] En otros términos, si la justicia es para los de ruana, es corrupta, transgrede las mismas normas en las que se debería soportar, ¿por qué tengo que cumplir las normas? ¿Por qué tengo que esperar 10 años para recibir justicia, si puedo obtenerla ahora de propia mano o pagarle a alguien para que lo haga? Estos círculos de desconfianza también están generando círculos de violencia, como los linchamientos que se han venido llevando a cabo en las últimas semanas en Colombia.

Por esta razón no se puede partir de una Reforma a la Justicia sin pensar en el papel que tiene la sociedad civil y sin buscar la forma en que se fortalezca la relación entre ciudadanía y poder judicial. Esto se logra construyendo un modelo de transparencia y control social al interior de la rama, para que desde ejercicios de veeduría se fortalezca la independencia judicial, el acceso a la justicia y se garanticen los derechos materiales de las personas.

La transparencia jurisdiccional se debe aplicar a las decisiones judiciales porque las personas tienen derecho a conocer el proceso de toma de decisiones de los funcionarios públicos. Igualmente los datos personales de los jueces deben ser de fácil acceso y estar expuestos a la ciudadanía[8]como la universidad en la que estudió, si tiene estudios de posgrado o cursos de actualización judicial, si ha publicado artículos académicos que aporten a la dogmática del derecho, cuando llegó a la carrera judicial y cuál es su experiencia laboral, si tienen sanciones disciplinarias, la situación patrimonial y la pertenencia a algún tipo de organización.

A su vez los jueces deben asumir compromisos de participación ciudadana en los despachos, para lograr una construcción conjunta de la independencia y la transparencia judicial, y no degenerar la actividad jurisdiccional en prácticas de corrupción y de clientelismo. La independencia judicial desde un análisis político nos muestra que es algo que se construye y no que se tiene per se, y la garantía de que esa construcción no pervierte el ejercicio jurisdiccional es a través del ejercicio de transparencia judicial. Necesitamos jueces sin temores, comprometidos con su labor y dispuestos a trabajar constructivamente con la ciudadanía.

Para este proceso de construcción de independencia judicial a partir de la transparencia es necesario pensar en la necesidad de que la rama judicial tenga un medio de comunicación que exponga su labora jurisdiccional frente a la ciudadanía. Esto no implica que los jueces “mojen pantalla” en los diferentes medios de comunicación, pero si bien los jueces hablan a través de sus sentencias se deben implementar estrategias de comunicación social en donde ese pensamiento judicial llegue a la sociedad civil, con un lenguaje sencillo y digerible, para romper el formalismo y la brecha entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Si se comunica el derecho se fortalece la confianza en el sistema.

Es a partir de la comunicación de las formas donde se pueden calificar las acciones y decisiones de los funcionarios. Por ello la justicia de una decisión no sólo depende de su contenido, sino de la transparencia con que se comunica o se da a conocer a la comunidad. Para ello se necesita:

1. Que la ciudadanía tenga acceso a cada despacho judicial al historial de fallos del juez.

2. Que las resoluciones judiciales cuenten con una motivación razonable y un lenguaje comprensible.

3. Que estas decisiones sean coherentes y por ende correspondan con el pensamiento del juez en sus decisiones anteriores y los precedentes judiciales de altas cortes.

Lo anterior va a permitir que se haga una evaluación de la coherencia de las decisiones judiciales, que no implica en sí la aplicación del precedente judicial, pero se traduce en que las decisiones judiciales se dicten bajo el imperio de la Constitución, con argumentos que se guíen bajo una lógica argumental consecuente e interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad. Uno de los referentes que genera falta de credibilidad de la sociedad en el sistema judicial es que no exista una congruencia al momento de fallar situaciones fácticas similares. Por ejemplo en el caso de los accidentes en estado de alicoramiento y la imposición de medidas preventivas de la libertad, queda la incertidumbre de por qué a algunos les dan medida privativa de la libertad y a otros no, y surgen afirmaciones como que “compraron al juez”, o porque uno es de escasos recursos y el otro no a ese la ley le da “más duro”, etc., por esto es importante conocer las líneas de pensamiento de los jueces y entender si son funcionalistas o abolicionistas, garantistas o formalistas, etc.

 

Conclusiones y apuesta de reforma

1. Se debe pensar más allá de la norma. Hay experiencias latinoamericanas[9] que muestran que se pueden producir cambios importantes sin entrar en la lógica de la hiper-inflación normativa.

2. Se deben procurar por cambios culturales en la forma de manejar los procesos al interior del sistema judicial, en el que se establezcan compromisos concretos de responsabilidad compartida entre ciudadanos y funcionarios para dotar de legitimidad social a las instituciones tradicionales de la justicia, en vez de caer en la elaboración de trasplantes de conceptos jurídicos de otros sistemas normativos.

3. La tecnología juega un papel importante. Se debe procurar el uso de aplicativos e instrumentos con los que se pueda hacer un debido diagnóstico del funcionamiento de la justicia, y así, encontrar los problemas y soluciones, haciendo énfasis en la innovación de las prácticas jurídicas.

4. Se debe dar una mayor publicidad al pensamiento jurisdiccional, fortalecer la coherencia de cada juez y crear herramientas objetivas de estudio y valoración sobre la labor judicial, que valoren la calidad y la eficiencia de las decisiones judiciales. La calificación de la labor jurisdiccional no se puede traducir en cuantas decisiones emitió al año, sino que se debe valorar a la luz del contenido y la calidad jurídica. No es descongestión per se, porque ésta se debe desarrollar bajo la premisa de la justicia material y los principios constitucionales, argumentados y con coherencia.

5. La publicidad sistemática y efectiva de los fallos, y el acceso de la sociedad civil a éstos, motivarán a los jueces para que sean más rigurosos, coherentes y proyecten mejor sus sentencias.

6. No se debe dejar de lado al juez como trabajador. El juez también es una persona cuyos derechos laborales deben ser respetados como todos los demás, y esto implica un compromiso del ejecutivo y el legislativo en términos presupuestales.

 

 

 

 



[1]   A diario los colombianos tenemos que enfrentar hechos cuya crueldad y violencia superan cualquier lógica, a propósito de la columna que escribió Rodrigo Uprimny “Memoria y atrocidades” en El Espectador (Versión digital. 6 de junio de 2015). Noticias como que “El Iguano” confesó haber matado 2000 personas y la guerrilla quema una iglesia con el pueblo adentro, en el suceso titulado por la historia “la masacre de Bojayá”, son una muestra de cómo la realidad supera la ficción.

 

[2]   Ver el informe de Due Process of Law Fundation Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Disponible en http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.317.pdf.

 

[3]   Con algunas excepciones como Bolivia Ver artículo de Rodríguez, Eduardo. El sistema judicial en la nueva Constitución boliviana. En revista de la Fundación para el Debido Proceso Legal.

 

[4]   Ver el texto de Burgos, Germán. (2003) Independencia Judicial en América Latina. ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?.

 

[5]   No hay una mejor expresión para caracterizar los niveles de congestión y trabajo en los despachos judiciales.

 

[6]   No quiero hacer una oda al juez de la República, sólo quiero resaltar lo que a diario sucede en los despachos judiciales y poco se habla, reconociendo que hay jueces mediocres, corruptos y clientelistas que en poco o en nada hacen parte de esta realidad.

 

[7]   Esta tesis ha sido ampliamente estudiada y argumentada por Antanas Mockus y Mauricia García Villegas en el marco de la cultura del incumplidor de normas.

 

[8]   A excepción de aquellos que representen un riesgo para la integridad personal o la vida del juez.

 

[9]   Proyecto regional de Auditoría Social a los Sistemas de Justicia financiado por la Unión Europea y liderado por la Comisión Andina de Juristas.

 

 
 
 
 

«Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de las organizaciones socias del Proyecto (Comisión Andina de Juristas, Fundación CONSTRUIR, Centro sobre Derecho y Sociedad – CIDES, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA y la Facultad de Derecho – Universidad de Chile), y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.»

 
 
 
 

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