La interferencia del Procurador General de la Nación en las actuaciones judiciales

 

Daniela Albán Domínguez (Colombia)

 

El poder que le han dado los medios de comunicación y algunos sectores políticos al Procurador General de la Nación en Colombia ha generado un choque entre las diferentes ramas del poder público. La rama judicial no se queda atrás, cuya independencia se ha visto amenazada en múltiples ocasiones por el máximo organismo del Ministerio Público, al igual que los derechos de la población vulnerable, en especial las mujeres y personas de la comunidad LGBTI.

El Procurador y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo

Por un lado, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre ellos la interrupción voluntaria del embarazo – IVE, ha generado grandes confrontaciones entre el Procurador Ordoñez y al Corte Constitucional. En el 2006 la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-355 del 2006, declaró inconstitucional la prohibición total del aborto, y abrió la puerta para que se pueda practicar este procedimiento en los siguientes casos: 1.Cuando el embarazo es producto de una violación, 2. Cuando existe peligro para la salud física de la madre y 3. Por graves malformaciones o graves problemas en la salud del feto.

La pelea entre el Procurador y la Corte Constitucional surgió a partir de dos sentencias de tutela[1] donde la Corte ordena realizar campañas que busquen promover que las colombianas conozcan el contenido de sus derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el IVE, y que la Superintendencia Nacional de Salud adopte las medidas para que las empresas promotoras de salud cuenten con un protocolo de diagnóstico para los eventos en que se advierta que la mujer esta incursa en alguna de las causales de aborto y desee someterse a éste procedimiento, ya que la carencia de este ha imposibilitado a muchas mujeres para que pueda practicarse un aborto dentro del sistema de seguridad social. Frente a estas decisiones de tutela, la Procuraduría General de la Nación, presentó solicitud de nulidad, negado en múltiples oportunidades, y adopta una posición aparente de acatar la decisión pero a través de sus actos parece que no tomará las medidas para hacerla cumplir[2] y por el contrario, a través de su discurso, tiene una tendencia a desobedecer estas órdenes constitucionales y desprestigiarlas ante la opinión pública.

En octubre de 2011, más de 1200 mujeres reclamaron al Procurador General por mentiras, que éste trató en su calidad de funcionario público, sobre los derechos sexuales  reproductivos, faltando al derecho de información que deben tener las mujeres en estos casos, para poder practicar la IVE dentro del sistema de salud, y no acudir en últimas instancias a lugares clandestinos. También le reclamaban que hubiese manifestado que algunos métodos anticonceptivos eran abortivos, a pesar que la OMS los había declarado como anticonceptivos[3], que la orden de la Corte Constitucional de implementar campañas masivas de derechos sexuales y reproductivas se trataba de “campañas de promoción del aborto”, y que le hubiese comunicado a la Superintendencia de Salud, a través de la Procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos, que el aborto no era un derecho y que por consiguiente no estaba en la obligación de remover obstáculos para que las mujeres puedan acceder a este tipo de tratamientos.

En respuesta de la Corte Constitucional a la demanda de estas mujeres, que está consignada en la sentencia T-627 de 2012[4], este tribunal ordenó al Procurador retractarse de  incurrir en la equivocación al referirse a las campañas ordenadas por la Corte Constitucional  como “campañas masivas de promoción del aborto como derecho” y modificar su posición oficial frente al tratamiento de algunos métodos anticonceptivos como “abortivos”. A la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos le ordenó rectificarse frente a la comunicación emitida a la Superintendencia Nacional de Salud, en el sentido de aceptar que está obligada  a remover los obstáculos para el acceso a la IVE.

El Procurador se retractó y cumplió los mandatos impartidos por la Corte Constitucional, sin embargo aprovechó que tenía a los medios de comunicación y a la opinión pública enfocados en su discurso, para seguir atacando los avances en derecho sexuales y reproductivos sobre el aborto, anunciando que ni él ni sus delegadas han mentido razón por la que pediría la nulidad de la sentencia, y que solicitaría al Consejo de Estado que acelere la anulación del decreto que reglamentó el aborto en los casos excepcionales permitidos por la Corte y el Congreso impulsar una ley para regular la misma sentencia.

La pugna frente al matrimonio de parejas del mismo sexo.

Otra circunstancia que ha sido óbice para que el Procurador se enfrente con los funcionarios de la Rama Judicial se circunscribe en el debate constitucional alrededor del matrimonio de las parejas del mismo sexo. Frente a la obligación que le impuso la Corte Constitucional al Congreso de legislar sobre el reconocimiento de las uniones entre parejas homosexuales, el plazo que tenía el órgano legislativo para esto era el 19 de abril de 2013. Sin embargo el proyecto de ley fue tumbado y hasta el momento no existe un reconocimiento legal de los matrimonios entre parejas del mismo sexo.

Frente a este vacío legislativo el 12 de julio de este año, la jueza 67 civil municipal de Bogotá oficializó la primera unión entre una pareja homosexual a través de matrimonio civil[5], bajo el argumento de que se debe aplicar por analogía las normas previstas por el ordenamiento jurídico frente a la unión de parejas heterosexuales. Con esto, la lucha de muchos años de la comunidad LGBTI, para que las uniones homosexuales pudiesen ser revestidas bajo la solemnidad de un matrimonio civil, y con ello poder gozar del derecho a la igualdad frente a las parejas heterosexuales, así se en principio por intermedio de decisiones judiciales, se vio obstaculizado por una tutela que interpuso la Procuraduría General de la Nación en contra de esta unión matrimonial[6].

Esta tutela no sólo representaba un nuevo ataque de Alejandro Ordóñez a la comunidad LGBTI, sino una clara intromisión frente a la actividad y la independencia judicial, en este caso de la jueza que decidió el caso. Como máximo organismo del Ministerio Público se cuestiona su rol, ya que promueve acciones legales y toma una posición que atenta contra los derechos humanos, en estos casos de la comunidad LGBTI, cuando por el contrario debería velar por el cumplimiento de sus derechos.

Posteriormente esta unión, y otras uniones oficializadas por otros jueces, han sido anuladas a través de acción de tutela[7], por la presión del Procurador Ordóñez y del director de la Fundación Marido y Mujer Javier Suárez, bajo el argumento de que en Colombia no hay fundamento jurídico para establecer uniones matrimoniales entre parejas del mismo sexo. Cabe aclarar que aunque haya decisiones de jueces que anulan estas uniones, el debate aún debe pasar a la Corte Constitucional para que haya cosa juzgada constitucional, así que de momento las uniones siguen vigentes.

 

Pero no satisfecho con este despliegue de tutelas, también el Procurador inicio una persecución, por medio de dos circulares y un memorando, solicitando se recolectara información sobre las solicitudes de oficializar matrimonios civiles de parejas del mismo sexo[8]. Esta presión e “intimidación” que desata la Procuraduría sobre los funcionarios judiciales representa un abuso del derecho, ya que amenaza con compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura y cargar con consecuencias disciplinarias, lo que genera una notable limitación y obstáculo a la independencia judicial y al acceso a la administración de justicia de las personas de la comunidad LGBTI[9].

 

La actitud desafiante del Procurador General de la Nación frente al incumplimiento de las sentencias sobre interrupción voluntaria de embarazos (IVE) y la unión de parejas homosexuales, contradice sus funciones de vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Esto se debe a su postura moral y religiosa frente a los temas de aborto, eutanasia, derechos de las parejas homosexuales, sobre poniendo sus creencias religiosas a la protección de los derechos de personas en estado de vulnerabilidad, como lo son las mujeres y la comunidad LGBTI. No olvidemos que la tesis del procurador, titulada “Presupuesto fundamentales del Estado Católico”, busca establecer la existencia de un derecho político católico[10], oponiéndose a la democracia liberal, lo que el Procurador busca desde su despacho es hacerle oposición a todo aquello que vaya en contra del dogma confesional, e ideologizar sus funciones, y ello se traduce en una interferencia a intromisión, abusando del derecho, sobre la rama de justicia.

 

 



[1]                     Sentencia Corte Constitucional T–585/2010. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto y T 388/2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.

[4]                     Sentencia Corte Constitucional T-627 de 2012. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto.

 
 
 
 

«Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de las organizaciones socias del Proyecto (Comisión Andina de Juristas, Fundación CONSTRUIR, Centro sobre Derecho y Sociedad – CIDES, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA y la Facultad de Derecho – Universidad de Chile), y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.»

 
 
 
 

PrintFriendly and PDF
CompartirEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter