Migración en Chile.

Avances hacia una nueva legislación

 

                                                                                                                                   Equipo Chile[1]

 

Nuestro país se ha vuelto atractivo para inmigrantes de países latinoamericanos principalmente, por su estabilidad política, seguridad social, condiciones de paz y tranquilidad, y por su estabilidad económica, lo que permite aspirar a una mejor calidad de vida para este grupo de personas.

La inmigración a Chile ha alcanzado grandes números, el año 2014 la cifra de inmigrantes llego 441.529, de cuyo total un 37,8% es de origen peruano. Entre el año 2002 y 2014 la variación de número de inmigrantes fue de un 239[2]%.

En relación a estos números es necesario el trabajo del gobierno de forma intersectorial por los derechos de este grupo de personas; los principales inconvenientes que se le presentan a los inmigrantes en nuestro país es el acceso a los diversos derechos de carácter social, principalmente, como derecho a la vivienda (viven en condiciones de hacinamiento), a la salud, a la previsión y seguridad laboral, y el acceso a trabajo que les permita llevar una vida digna. Estamos hablando de un grupo vulnerable que necesita mayor protección para acceder a sus derechos. Es necesario el desarrollo de políticas públicas que permitan a la población migrantes acceder a los servicios otorgados por el Estado.

Durante el año 2014 y lo que va del 2015 se ha trabajado en algunas materias para mejorar las condiciones de los inmigrantes, como la nueva visa temporal por motivos laborales que permite equiparar la situación de los trabajadores migrantes con la de los nacionales, la visa de unión civil, entre otros. Pero esto no es suficiente, es necesario el trabajo en una nueva ley de inmigración, ya que la vigente data de 1975, siendo que las condiciones actuales de la migración en nuestro país es diametralmente distinta.

La nueva legislación debe incorporar los instrumentos ratificados por Chile sobre Derechos Humanos y de las Personas Migrantes y además el fortalecimiento de la institucionalidad de extranjería y migraciones, puntos que están en el programa de Gobierno de la Presidenta.

Los avances que ha hecho nuestro país en esta materia han sido muy pocos, considerando que hoy somos unos de los países de la región que más recibe inmigrantes. Uno de los primeros pasos que dimos fue firmar el “Acuerdo sobre residencia de los Estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile”, mediante el cual se les permite a que los inmigrantes de los países que forman parte del Mercosur puedan obtener una visas temporal de dos años y luego obtener la residencia permanente sin mayores trabas.

Otros avances que hemos tenido es en materia de educación se ha instaurado en la educación básica y media municipal que los hijos de migrantes con residencia puedan acceder a ella; pero es necesario avanzar en el derecho a la educación de los hijos de inmigrantes ilegales, por ellos es celebrada la iniciativa del Municipio de Santiago, que trabaja para que los niños puedan acceder a la educación municipal.

En materia de salud, los extranjeros menores de 18 años, cualquiera que sea su condición de sus tutores, padres, representantes  en nuestro país, tienen atención de salud en los establecimientos de la red pública de salud en igualdad de condiciones de sus pares chilenos.

Uno de los principales inconvenientes que tienen que tolerar los migrantes en nuestro país es vivir en condiciones de hacinamiento, situaciones que salen a la luz cada vez que ocurre una tragedia como incendios o desalojos masivos por ejemplo. Es necesario un trabajo profundo en la materia y no quedar solo en promesas vacías, buscar la manera de regular el acceso de ellos a las condiciones de vida dignas de cualquier ser humano.

A pesar de los significativos avances que se han realizado en nuestro país, es necesario un trabajo que sea global, es decir una nueva legislación que comprenda todas las necesidades de este grupo vulnerable que necesita de una protección completa. Que no solo sean resoluciones que nacen cada vez que surge una necesidad sino que sea una normativa que les otorgue una seguridad en sus derechos y una real legitimidad para reclamarlos.

Una legislación que aborde todas las temáticas de hoy que viven las y los inmigrantes en nuestro país evitara que problemas de hoy se den a futuro, y permitirá también ver a este grupo de personas como iguales y merecedores de los mismos derechos que cualquier otro chileno o chilena.



[1] El equipo está conformado por Gastón Carreño, Gabriela Cabezas, Matilde Urra y María Inés Álvarez.

[2] Fuente Departamento de Extranjería y Migración 2014, [http://ciudadanoglobal.cl/la-migracion-en-chile/estadisticas/] (visita, 5 de mayo 2015).

 
 
 

«Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de las organizaciones socias del Proyecto (Comisión Andina de Juristas, Fundación CONSTRUIR, Centro sobre Derecho y Sociedad – CIDES, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA y la Facultad de Derecho – Universidad de Chile), y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.»